La Junta insta al Principado a actuar contra la «desigualdad» generada por el cupo vasco

Gaspar Llamazares, en su escaño, conversa con la diputada socialista Nuria Devesa. / MARIO ROJAS
Gaspar Llamazares, en su escaño, conversa con la diputada socialista Nuria Devesa. / MARIO ROJAS

La iniciativa de IU, que propone un recurso ante el Constitucional, contó con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PSOE

ANA MORIYÓN OVIEDO.

La Junta instó ayer al Gobierno del Principado a adoptar todas las medidas que estén en su mano -abriendo incluso la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional- para poner fin a las «desigualdades» que supone el acuerdo del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021. Una ley que salió adelante en las Cortes -con la única oposición de Ciudadanos y Compromís- y que ayer, sin embargo, fue puesta en tela de juicio por la mayoría de la Cámara asturiana.

La proposición no de ley aprobada en la Junta responde a una iniciativa de IU que busca denunciar la «vulneración de principios constitucionales básicos como la solidarida entre las regiones» y que contó con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, así como la necesaria abstención del grupo socialista frente al rechazo de PP y Foro. Se aprobó unas horas más tarde de que, en el mismo hemiciclo, decayera la propuesta -a grandes rasgos similar- que presentó Ciudadanos, que se negó a debatirla de forma simultánea junto al documento de IU. La diferencia entre la suerte de una y otra la marcó Podemos. La formación morada se abstuvo ante la petición de Ciudadanos, pero aprobó la de IU, con la que dijo sentirse más cómodo. Especialmente, tras introducir en el texto varias enmiendas para especificar que no se duda de la constitucionalidad del concierto sino de la forma de realizar el cálculo y de cómo lo acordaron PNV y PP, así como la necesidad de definir un nuevo modelo de financiación autonómica justo y solidario para las comunidades que, como Asturias, no forman parte del régimen especial.

Ni aun con estas matizaciones el PSOE se movió de la abstención pese a que el jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, no se ha mordido la lengua a la hora de exigir cambios en el «cálculo» de los cupos vasco y navarro, que llegó a calificar de la «caja negra de la financiación española». La abstención se ha convertido ya en una opción habitual por parte del grupo parlamentario socialista ante cuestiones espinosas que pueden generar disensiones entre la FSA y el Principado, como es ésta, donde el secretario general, Adrián Barbón, ya ha llamado al orden a dirigentes socialistas por abrir un debate público fuera de los órganos internos del partido.

La diputada Margarita Vega, del PSOE, asumió ayer la «singularidad» que supone el cupo vasco y el beneficio a las comunidades forales, que llegan a recibir el doble de recursos por habitante. No obstante, argumentó que se trata de una cuestión «política» y que no hay «mimbres» para presentar un recurso inconstitucional. El PSOE aboga por buscar financiación adecuada para el conjunto de las comunidades, conseguir que la negociación del cupo se haga «con transparencia» y que se «defina su aportación a la solidaridad» ya que, anotó, ahora es escasa.

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«Oportunismo»

Desde el PP, Agustín Cuervas-Mons criticó el «oportunismo» de Ciudadanos por abordar ahora esta cuestión y la «incoherencia» de Podemos e IU que, bajo el paraguas de Unidos Podemos, dieron luz verde a la modificación del cupo vasco y ahora en Asturias votan en contra. Enrique López, de Podemos, mostró su preocupación por «la falta de transparencia» en la metodología del cálculo y por la escasa objetividad en el acuerdo suscrito por el Gobierno de Rajoy con el PNV, pidiendo un modelo de financiación «más justo» para garantizar la suficiencia financiera de todas las comunidades.

Gaspar Llamazares, que defendió la iniciativa de IU, subrayó la importancia de negociar el nuevo modelo de financiación de forma coordinada con el cupo vasco para garantizar la igualdad entre los territorios y negó que sea una cuestión únicamente política porque «atañe a la financiación del 70% de los servicios públicos». Ciudadanos, que no consiguió sacar adelante su iniciativa, acusó al bipartidismo de «sobredimensionar el voto de los partidos nacionalistas haciendo concesiones económicas por debajo de la mesa», en palabras de Armando Fernández Bartolomé; mientras que Cristina Coto, de Foro, afeó que no se haga una oposición a otras «fórmulas de desigualdad» como el reparto desigual a través de las inversiones o la condonación de intereses.

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