Lamela apoya ceder al Supremo su causa sobre el 'procés' en Cataluña

La juez Carmen Lamela.

La juez entiende que «los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación»

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela apoya ceder su causa sobre la rebelión en Cataluña al Supremo. En el escrito que remitió ayer al alto tribunal, a petición del magistrado Pablo Llarena, sobre la posible acumulación de las causas abiertas en relación con el proceso secesionista de Cataluña, Lamela insiste en que se deben unificar los procesos para no dispersar la investigación sobre unos mismos hechos, criterio que la Fiscalía no comparte. La última palabra ahora la tendrá el juez Llarena, en una decisión que será irrevocable.

Argumenta la instructora que se está investigando a los miembros de una “compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario”.

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La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

La Fiscalía, en contra

La juez entiende, por ello, “que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaria enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”.

La Fiscalía ayer se mostró en contra de que el Tribunal Supremo asuma la parte de la investigación por rebelión que instruye la Audiencia Nacional y en las que están imputados los miembros del destituido Govern de Carles Puigdemont, además del ex major de los Mossos Josep Lluís Trapero; los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y la intendente del cuerpo policial autonómico Teresa Laplana.

El Ministerio Público no era favorable a unificar la causa contra el Ejecutivo de Puigdemont (sin aforamiento desde su destitución) con el sumario abierto contra la presidenta del Parlament y el resto de la Mesa imputada (que mantienen su aforamiento) porque entiende que esto podría provocar problemas por falta de garantías. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha condenado a España en varias ocasiones porque un juicio en el Supremo priva al imputado de una segunda instancia.

Hechos idénticos

Este es el principal motivo que alegó el escrito que la Fiscalía presentó al instructor del Supremo Pablo Llarena, quien ha iniciado los trámites para asumir toda la investigación.

En principio, Llarena, antes de conocer la opinión contraria del Ministerio Público y la favorable de Lamela, tenía intención de agrupar las dos investigaciones porque investigan no solo hechos conexos, sino idénticos. Todo ello al margen de la evidencia de que muchos de los imputados en la Audiencia Nacional volverán a ser aforados en breve tras las elecciones del 21 de diciembre.

La mayoría de los abogados de los exmiembros del Govern encarcelados y de los que están fugados se han manifestado a favor de que Llarena se haga cargo de la investigación al completo. El Supremo, entienden los letrados, es menos proclive a dictar medidas cautelares tan duras como la prisión.

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