Moriyón defiende su actuación en el 'caso Tardá' porque «estamos en el momento de la ley»

I. V. / C. R. GIJÓN / BARCELONA.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, defendió ayer su actuación en el llamado 'caso Tardá', al retirar la autorización para la celebración en el Centro Municipal de El Llano de un acto sobre el referéndum de Cataluña en el que iban a participar el citado diputado de ERC y representantes de la CUP y de Catalunya en Comú, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La regidora gijonesa afirmó ayer que la negativa del Ayuntamiento de ceder los locales públicos se deben a que «estamos en el momento de la ley y el Ayto está en el momento de la ley».

La concejala de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Eva Illán, fue más allá a la hora de defender la decisión municipal. La edil afirmó que «no hubo una prohibición, sino que hay una serie de normativas sobre la cesión de locales públicos» que, en el caso del acto -organizado por la Federación Asturiana Memoria y República y la asociación vasca Ahaztuak-, se estimó que no cumplían. «Una cosa es que se ceda o no un local municipal, pero no significa que no puedan celebrarse los actos en otro espacio. Desde el Ayuntamiento no se entra en prohibiciones ni en juicios de valor. Teniendo en cuenta el contexto social y jurídico, era más prudente la decisión que adoptamos, que fue consultada con los servicios jurídicos», puntualizó Illán.

Declaración de alcaldes

Mientras tanto, la gran causa judicial iniciada por la Fiscalía contra los más de 700 alcaldes que han comprometido su apoyo y colaboración al referéndum comenzó ayer con la comparecencia de los tres primeros ediles, que siguiendo la estrategia política del secesionismo, se acogieron a su derecho a no declarar. Acudieron a su cita, extremo que no harán los cerca de 30 alcaldes de la CUP, pero quisieron dejar constancia de su rechazo a la autoridad de la Fiscalía, a la que consideran que se ha extralimitado de sus competencias y que está actuando al dictado del Gobierno en su intento de frenar la consulta del 1-O.

Los alcaldes de Mollerussa (Lérida), Marc Solsona; de Oliana (Lérida), Miquel Sala; y de El Pont de Suert (Lérida), José Antonio Troguet, todo ellos del PDeCAT, insistieron en que su compromiso sigue siendo que la «gente pueda votar» y que no tienen intención de «echarse para atrás», por lo que el día 1 de octubre pondrán a disposición de la administración catalana los locales para que acojan los colegios electorales. «Votar no es un delito ni el referéndum es ilegal», afirmó Solsona a la salida de la Fiscalía.

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