Los Mossos retiran de las comisarías los retratos del presidente destituido

Zoido se olvida de los agravios del 1-O y promete a los policías autonómicos que volverán a ser «la policía de todos los catalanes»

MELCHOR SÁIZ-PARDO BARCELONA.

En el Ministerio del Interior nunca temieron una «rebelión generalizada» de los Mossos d'Esquadra tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero tampoco esperaban que el cuerpo autonómico, básico para la estabilidad de Cataluña hasta las elecciones del 21 de diciembre, se comportara, «casi en bloque», con el grado de lealtad que está demostrando. Sobre todo, después de los gravísimos desencuentros que tuvieron lugar el pasado 1 de octubre cuando la policía autonómica no apoyó a la Policía y a la Guardia Civil, a pesar de las órdenes judiciales, en el desalojo de los colegios o después de la «traición» por no ayudar a rescatar a los guardias acorralados por la multitud el 20 de septiembre durante los registros de la 'operación Anubis' en Barcelona.

Pero todo parece haber cambiado 48 horas después de 155. Y como muestra, un botón. La nueva Jefatura de los Mossos ordenó ayer la retirada de todas las comisarías y edificios oficiales del cuerpo de los retratos de Carles Puigdemont y del exconsejero de Interior, Joaquím Forn. Los agentes, según explicaron fuentes de los Mossos, acataron la orden. Lo mismo que hicieron el viernes horas después de la declaración de independencia unilateral, cuando los mandos de la institución ordenaron de manera tajante que nadie se dedicara a quitar banderas de España. Y nadie lo hizo.

Ayer, asumiendo de forma casi militar la destitución del Gobierno de Puigdemont, los Mossos d'Esquadra también retiraron los vehículos oficiales a los consejeros como prolongación, explicaron fuentes de la jefatura del cuartel general del cuerpo en Sabadell, de la decisión adoptada el sábado de quitarles también la escolta.

Juan Ignacio Zoido, quien desde el viernes es la máxima autoridad de los Mossos d'Esquadra, quiso agradecer los gestos de lealtad. El ministro del Interior dirigió ayer una carta abierta a los 17.000 agentes autonómicos y a los más de 12.000 policías y guardias civiles (entre la plantilla fija y los refuerzos) que se encuentran en Cataluña. En la misiva no hubo ni un solo reproche a los policías catalanes, a pesar de que la Guardia Civil tiene en marcha una macroinvestigación para llevar ante los tribunales a todos los agentes autonómicos que el 1-O se cruzaron de brazos, y dijo de ellos que «volverán a ser la policía de los catalanes».

Bélgica ofrece asilo político

Que el eslabón débil de la UE en lo relativo al apoyo a España en el desafío independentista catalán era Bélgica era algo que se sabía y que quedó constatado ayer con unas declaraciones subidas de tono de su secretario de Estado de Inmigración, Theo Francken. No es ministro, pero es uno de las voces gubernamentales más conocidas por sus coqueteos con la extrema derecha o sus polémicas opiniones, muchas de ellas de raíz xenófoba en la crisis de los refugiados.

«Los catalanes que se sienten políticamente amenazados pueden solicitar asilo en Bélgica. Carles Puigdemont también pertenece a ellos. Eso es totalmente legal», zanjó. Si quería volver a llamar la atención, lo consiguió. Bélgica también tiene su Gabriel Rufián, aunque en este caso con responsabilidades institucionales, lo que le valió la reprimenda de su jefe, el primer ministro, Charles Michel, quien le exigió que «no eche más leña al fuego» y recordando que este asunto no está en la agenda del Gobierno.

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