El TC también sanciona con multas diarias de 12.000 euros al número 'dos' de Junqueras

Josep Maria Jové (i.) y Oriol Junqueras (d.).

El acuerdo se ha alcanzado por unanimidad, pero tres magistrados redactarán voto para fijar su postura ante las multas impuestas a Josep Maria Jové y a los síndicos responsables del referéndum

EFEBarcelona

El Constitucional ha multado con 12.000 euros diarios a Josep Maria Jové, número 'dos' de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía de la Generalitat, así como a los síndicos electorales encargados el seguimiento del 1-O, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.

Las multas son de dos diferentes cuantías y, así, se imponen 12.000 euros diarios a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral central, además de a Jové; y se castiga con 6.000 euros a los quince síndicos territoriales y también a Montserrat Vidal i Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat.

Los síndicos nombrados por el Parlament y que pretendían actuar como junta electoral central son Mar Marsal, Marta Alsina, Josep Pagés, Jordi Matas y Tania Verge. Ellos nombraron a los quince territoriales. Las sanciones son, en todos los casos, provisionales, en el sentido de que buscan imponer el cumplimiento de la sentencias del TC y se mantendrán diariamente en tanto los afectados no las acaten.

La decisión del pleno del alto tribunal ha sido adoptada por unanimidad tras un largo debate que ha terminado por sumar a la decisión mayoritaria, aunque con votos diferenciados concurrentes, a tres magistrados progresistas.

Así, por primera vez, el alto tribunal aplica la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento y que le dota de la posibilidad de imponer sanciones para obligar a que se cumplan sus fallos. Los magistrados se habían mostrado hasta ahora remisos a asumir un papel sancionador previsto en esa reforma legislativa, que fue muy cuestionada.

En especial los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-Re, quienes votaron en contra de la reforma cuando fue sometida al criterio del Constitucional. La excepcionalidad de la situación presente parece haberles llevado a modificar su postura, aunque por razones jurídicas diferentes a las de sus colegas.

Impugnando las resoluciones

El Gobierno de Mariano Rajoy reaccionó contra las resoluciones del Parlament vinculadas al referéndum impugnándolas ante el TC, entre ellas la resolución de la Cámara catalana que nombró a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral central y a los de las provincias. El Constitucional admitió a trámite esos recursos y automáticamente suspendió los nombramientos y las leyes de convocatoria y transitoriedad.

Sin embargo, a juicio del ejecutivo los responsables directos de la organización del referéndum han seguido actuando como tales en apoyo de la convocatoria. Y para que cesen en su actividad el abogado del Estado pedía sanciones al TC.

En respuesta a esa petición, y por primera vez en su historia, el TC ha decidido imponer una multa a los responsables del referéndum con la intención de que acaten sus fallos. Antes de hacerlo, el Constitucional ha rechazado la recusación que los síndicos presentaron ante él.

Libertad con cargos para Puig, Furriol y Garriga

Xavier Puig, responsable del área tecnológica de la Generalitat, y el empresario Pau Furriol han quedado este jueves en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la Guardia Civil por su presunta vinculación con los preparativos del referéndum.

Y la Guardia Civil también ha dejado en libertad con cargos a Natalia Garriga, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia. Ella, Furriol y Puig son tres de los 14 detenidos por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona debido a delitos de malversación, prevaricación y desobediencia; todo ello en una macrooperación policial contra el 1-O.

Los dos han quedado en libertad, pero con la obligación de comparecer como investigados ante el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona cuando les citen a declarar. De esta manera, ya son cinco los detenidos que han sido puestos en libertad tras comparecer ante la Guardia Civil.

Puig, responsable del área de tecnologías de la información y la comunicación de la Generalitat, estaba detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), después de que ayer el juez le denegara el hábeas corpus que había pedido.

Furriol, que permanecía arrestado en la caserna de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona, es el propietario de la nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona) en la que los agentes se incautaron de entre seis y nueve millones de papeletas para votar el 1-O.

El empresario, que también se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, ha quedado en libertad con cargos acusado de los delitos de malversación, desobediencia y sedición. Furriol ha abandonado este mediodía las dependencias de la Guardia Civil acompañado de su abogado, Jorge Navarro, sin hacer declaraciones.

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