Ofensiva de la oposición contra el Gobierno por la deuda y los avales a empresas públicas

José Agustín Cuervas-Mons. / P. LORENZANA
José Agustín Cuervas-Mons. / P. LORENZANA

PP, Foro y Ciudadanos fuerzan al Ejecutivo a dar explicaciones en la Junta General ante los «incumplimientos» que recoge el informe de la Sindicatura de Cuentas

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

Los males económicos del Gobierno regional no se acabarán con la ausencia de presupuestos para este año y la consiguiente prórroga. Con el inicio del próximo periodo de sesiones en la Junta General el Ejecutivo deberá hacer frente a un chaparrón de iniciativas de la oposición, principalmente de Partido Popular, Foro y Ciudadanos, vivamente interesados en apretar a los socialistas con el reciente informe de la Sindicatura sobre las cuentas de 2016 y las anomalías que este detalla como ariete. La gestión de la deuda, los avales a las empresas públicas, las subvenciones o las facturas sanitarias son los principales puntos de interés de los grupos, bien a través de solicitudes de información, bien mediante la comparecencia en la Cámara de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, para dar explicaciones.

El informe de la Sindicatura, presentado a finales del pasado ejercicio, es muy contundente en algunas de sus apreciaciones. Apunta a la gestión opaca que el Ejecutivo haría de una parte -hasta 104 millones de euros- de su endeudamiento, le reprocha que prorrogue la deuda sin pasar por la Junta General -así lo hizo en 2016 y ha vuelto a repetir este ejercicio- y alerta de la imposibilidad de fiscalizar las facturas pendientes de pago del Servicio de Salud (Sespa). Una radiografía que pone en un aprieto al Ejecutivo y que da oxígeno parlamentario a la oposición, que no dejará pasar la ocasión.

LAS CLAVES DEL INFORME DE LA SINDICATURA

Deuda.
La Sindicatura afea al Gobierno que no le permita conocer el destino de 104 millones de euros de préstamos recibidos por la administración asturiana.
Prórroga.
El informe sostiene que el Principado vulnera la ley al prorrogar automáticamente el endeudamiento en lugar de pedir autorización a la Junta e informar de sus condiciones y destino.
Sespa.
La Sindicatura se queja de que no se le permita acceder a la cuenta 402 del Sespa, aquella que engloba las facturas que el Servicio de Salud tiene pendientes de pago, bien porque aún no las ha recibido, bien porque todavía no las ha formalizado.
Avales.
El órgano fiscalizador alerta de los avales concedidos a dos empresas públicas, Sogepsa (114 millones de euros) y ZALIA (67 millones), «pese a las dudas sobre la continuidad» de ambos organismos por su delicada situación financiera.

Con el arranque de 2018 tanto el PP como Foro y Ciudadanos han registrado un aluvión de iniciativas orientadas a pedir explicaciones al Ejecutivo a la vista del documento de la Sindicatura de Cuentas, de las «graves limitaciones» a la capacidad fiscalizadora del órgano y de los «incumplimientos» que desglosa el informe, en palabras del diputado popular José Agustín Cuervas-Mons.

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El PP pone el foco en varios puntos concretos. En el contenido general del informe, por supuesto, para lo que reclama la comparecencia en la Junta de la consejera de Hacienda, pero singularmente en la concesión de avales a empresas públicas, caso de Sogepsa, así como en la política de subvenciones, especialmente aquellas otorgadas de forma directa. En su radiografía, la Sindicatura llama la atención sobre ambos asuntos. En el caso de los avales, alertaba sobre el elevado volumen de las partidas destinadas a Sogepsa y la ZALIA «pese a las dudas sobre la continuidad» de ambas entidades, en una delicada situación financiera. En cuanto a las subvenciones, anotaba que en más de la mitad de los expedientes comprobados no se consideraba suficiente la justificación del procedimiento excepcional de concesión directa.

También Foro interpelará a Carcedo. Y a buen seguro se centrará en la cuestión de la deuda, toda vez que el partido de Cristina Coto es especialmente duro con la decisión del Ejecutivo de incluir en las prórrogas presupuestarias el endeudamiento, sin pedir autorización a la Junta General. Foro, de hecho, no limita su interés a 2016, año de la fiscalización, sino también a 2018, después de que el Gobierno haya decidido aplicar esa misma fórmula de prórroga automática del pasivo para este ejercicio.

En cuanto a Ciudadanos, la iniciativa registrada por Armando Fernández Bartolomé tiene que ver con la famosa cuenta 402 del Sespa, aquella que engloba las facturas pendientes de pago bien porque aún no las ha recibido, bien porque no las ha formalizado. La Sindicatura afea al Gobierno que no le haya permitido acceder a esos datos y Ciudadanos quiere saber el por qué.

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