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A. SUÁREZ
OVIEDO.
Lunes, 27 de noviembre 2017, 03:46
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Podemos está dispuesto a aparcar en el tiempo algunas de sus exigencias presupuestarias, en ámbitos como la sanidad o la vivienda, si el Gobierno asume el impulso inmediato, con vistas al próximo curso escolar, de un modelo de 0 a 3 años público, universal y gratuito. Una condición, unida a la puesta en marcha de la unidad anticorrupción, que haría asumible para la formación morada un hipotético respaldo a las cuentas de 2018. El movimiento pone la pelota en el tejado del Ejecutivo y del PSOE, que ven muy difícil de asumir -esa ha sido su posición hasta ahora- esa propuesta educativa. En las filas socialistas sí se da por seguro que será posible encontrar una solución para el problema de los planes locales de empleo que ha surgido en las negociaciones con IU.
La propuesta de Podemos es interesante porque mete presión al Gobierno. La idea que desliza es que hay margen para aplazar una solución a algunas de las cuestiones espinosas de la negociación -hay diferencias en sanidad con las plazas de que es necesario disponer para mejorar el servicio y reducir las listas de espera o en vivienda sobre el ritmo de desarrollo de un mayor parque público, entre otros ámbitos- si el Ejecutivo se compromete a dos cosas. Por un lado, a activar esa unidad anticorrupción que la formación morada reivindica, dependiente de la Junta General. Por otro, a garantizar la pronta integración del 0 a 3 en la red pública y su gratuidad, sin demoras que dilaten el proceso a la próxima legislatura y siembren por tanto dudas sobre el cumplimiento de ese compromiso.
«Sería una gran noticia que el año de la sentencia del 'caso Marea' terminase con la implantación de una herramienta anticorrupción que evitase la repetición de este tipo de casos», razonan desde el partido morado. «Y que el dinero recuperado se utilice para poner en marcha un derecho como el de las escuelas de 0 a 3 años», se apunta. Podemos quiere «garantías y compromisos claros» porque sin ellos «las negociaciones acaban con incumplimientos y rebajas más propias del black friday».
El planteamiento de Podemos obliga a moverse al Gobierno, que analiza con cierto pesimismo la negociación y que hasta la fecha ha considerado inasumible la tesis de Podemos respecto del 0 a 3, tanto por cuestiones legales como económicas. El problema está ahí y no tanto en la unidad anticorrupción, que el presidente, Javier Fernández, aunque con matices, ya se mostró dispuesto a asumir.
El escenario emplaza al Ejecutivo a un esfuerzo de última hora, teniendo en cuenta que mañana debe registrarse el proyecto presupuestario en la Junta. Con IU el diálogo estaba bastante encauzado, pendiente de un mayor esfuerzo económico en materia social y de dos iniciativas legislativas en ese mismo ámbito prioritarias para la coalición, pero la polémica de los planes locales de empleo ha irrumpido de forma abrupta. La reclamación a los ayuntamientos de cantidades correspondientes a los planes de empleo de anteriores ejercicios ha soliviantado a la formación de izquierdas, que quiere una solución clara.
En el Gobierno se da por hecho que este no será un motivo de ruptura del diálogo con IU y que será posible encontrar una solución asumible para las partes. Menos optimismo hay respecto de la posibilidad de encauzar las cosas con Podemos. Lo que parece claro es que el documento llegará mañana al Parlamento regional sin una mayoría que avale su futuro.
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