Podemos acusa al Principado de «dejación de funciones» en el ‘caso UGT’

Urge depurar responsabilidades en una comisión parlamentaria

ANA MORIYÓNGijón

Podemos acusó esta mañana al Gobierno del Principado de “dejación de funciones y falta de control” en el ‘caso UGT’ y defendió la necesidad de que la Junta General investigue los motivos que, según la formación morada, llevaron al Ejecutivo socialista a “dejar pasar estas irregularidades durante una década”.

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, se manifestaba de esta forma tras hacerse público el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación a las subvenciones para la formación que recibió el sindicato UGT entre 2010 y 2014 y que, tal y como adelantó EL COMERCIO el pasado 4 de enero, eleva a 1,35 millones la supuesta “financiación ilegal” del sindicato durante esos cinco años.

Ripa hizo un repaso de las principales claves del atestado de los investigadores, que fueron avanzadas por este diario a principios de año, y advirtió de que este presunto fraude puede ser mucho mayor ya que el informe se centra exclusivamente en las subvenciones entregadas para organizar cursos para parados, mejorar la empleabilidad de los menores de 30 años, la de los colectivos de difícil inserción o ampliar los conocimientos de trabajadores con contratos. Asumiendo esos límites, la UCO eleva su estimación de fraude a 849.233 euros atribuidos a UGT Asturias, y 504.049 más a su fundación IFES. En suma, 1,35 millones. “Pero el fraude puede ser mucho mayor porque podrían estar afectados otros colectivos sociales cuyas subvenciones no se investigaron, como es el caso de las dirigidas a la formación de mujeres o de inmigrantes”, anotó Ripa, quien también fue especialmente crítico con el sindicato por lo que, entiende, es una ocultación de pruebas.

“Si el PP rompía a martillazos los ordenadores, algunos discos duros de UGT estaban borrados con fecha de octubre de 2006, justo después de que comenzara el caso”, denunció el máximo responsable del partido en Asturias. En su opinión, con el último informe de la UCO queda probado que el sindicato utilizó los fondos de formación para financiar su estructura puesto que, entre otras cosas, existe documentación que acredita que se usaron estos recursos para pagar la vigilancia de la sede del sindicato o comprar locales.

Entienden desde Podemos que, de forma paralela a la investigación policial y judicial que se está desarrollando, corresponde a la Junta depurar responsabilidades políticas. Por ello, como ya hiciera el pasado lunes el portavoz parlamentario Emilio León, requirió la activación de la comisión parlamentaria solicitada por su formación y aprobada en pleno para investigar estos fondos. “La Junta General no puede mirar hacia otro lado cuando lo que se ve es que claramente se dilapidaron los fondos destinados a formación”, argumentó.

Debe investigarse, añadió, si esta dejación de funciones tiene que ver con la relación que existe “de puertas giratorias” entre la FSA y UGT y qué consecuencias tuvo en la generación de empleo en el Principado.

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