Ponsatí queda en libertad condicional tras entregarse en Edimburgo
Su abogado no ha presentado la solicitud de fondos públicos mientras cerca de 200.000 euros han sido donados para su defensa
El magistrado Nigel Ross, del tribunal del sheriff de Edimburgo, ha dejado en libertad condicional a Clara Ponsatí, después de que la exconsejera del Gobierno de la Generalitat de Cataluña se presentase en compañía de su abogado en una comisaría de Policía de la capital escocesa y fuese conducida al tribunal especializado en extradición, para responder a la orden europea de detención y entrega enviada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
La libertad condicional no ha sido contestada por los fiscales escoceses que representan a las autoridades judiciales españolas, por lo que la vista ha sido breve. En diez minutos, el juez ha confirmado la identidad de Ponsatí y ha oído su rechazo a regresar voluntariamente a España, que eliminaría la protección legal para no ser procesada por otros delitos anteriores a su envío. Las medidas cautelares incluyen la obligación de presentarse regularmente en una comisaria.
Ponsatí ha hecho un llamamiento público para que simpatizantes con su causa contribuyan a sufragar su defensa. Se han recaudado ya en torno a 200.000 euros. Su abogado, Aamer Anwar, no ha registrado aún en el Consejo de Ayuda Legal la solicitud para que los fondos públicos paguen la defensa. Tiene un plazo de 14 días para presentarla. El consejo evaluará el caso y la situación financiera de la acusada antes de tomar su decisión, cuando se presente la solicitud.
La orden de detención entregada ayer formalmente a Ponsatí en la comisaría de Police Scotland la acusa de delitos de rebelión y de malversación de fondos y, en una detallada descripción de los hechos y de los los argumentos legales- que se extienden en 52 páginas-, pone el acento en que como consejera de Educación puso los colegios bajo su autoridad a disposición de los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Caso largo
En la vista fue representada por Claire Mitchell. El titular del despacho, Anwar, afirmó, en una declaración ante los medios tras la comparecencia de su cliente, que Ponsatí «cree que la población catalana intentó expresar democráticamente su derecho a decidir su destino» y que «los únicos que deberían ser tenidos como responsables de violencia brutal» son las fuerzas de seguridad que actuaron en nombre del Gobierno español.
El sheriff Ross fijó la siguiente vista para el 12 de abril, siguiendo el reglamento de la orden europea. Las partes adelantarán entonces los argumentos del caso y acordarán una fecha para el juicio sustancial de la extradición. La parte perdedora en esta primera instancia tiene derecho automático a recurso ante el Tribunal Superior de Edimburgo. La línea de defensa apuntada por Anwar sugiere que, de perder estos dos juicios en Escocia, apelará al Tribunal Supremo de Londres y al que juzga en Luxemburgo casos sobre la Convención Europea de Derechos Humanos.
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