El Principado censura el «chantaje» de Hacienda en la financiación autonómica

Javier Fernández, a su llegada a la reunión del Consejo de Gobierno, ayer, en Oviedo. /  MARIO ROJAS
Javier Fernández, a su llegada a la reunión del Consejo de Gobierno, ayer, en Oviedo. / MARIO ROJAS

Critica que el Gobierno de Rajoy tome a las regiones «como rehenes» ante su incapacidad para aprobar los presupuestos de 2018 y urge la reactivación del impuesto de Patrimonio

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

El Principado comienza a perder la paciencia ante las noticias económicas que van llegando desde Madrid. Primero fue el anuncio del Ministerio de Hacienda de que 'congela' los fondos adicionales que iba a repartir en 2018 de la financiación autonómica, lo que para Asturias supone un tijeretazo de 116 millones de euros. Después, la no renovación del impuesto de Patrimonio, cuyas consecuencias en materia de ingresos no se percibirían hasta 2019 y cuyo impacto podría rondar los 20 millones. Ambas decisiones son reversibles y están vinculadas a que el Gobierno central apruebe sus presupuestos para este año, aunque tiene margen para hacerlo incluso en prórroga. El Ejecutivo regional ve un «chantaje» en la actitud de Mariano Rajoy y los suyos, a los que acusa de «tomar como rehenes» a las comunidades, y les emplaza a solucionar de inmediato ambos asuntos.

El Gobierno central se excusa en que no tiene presupuestos para justificar tanto la retención de esos 116 millones de euros como la 'caducidad' del impuesto de Patrimonio, pero el Ejecutivo asturiano no se cree el argumento. En el caso del tributo, de hecho, podría haber actualizado su vigencia a través de un decreto, como ya ha hecho para este mismo año con otras medidas fiscales, pero el Ministerio de Hacienda lo ha evitado. De ahí que el Principado interprete que desde Madrid se está usando a las autonomías como «rehenes» para presionar y conseguir sacar adelante las cuentas estatales de este ejercicio.

La actuación de Rajoy, «instalarse en la prórroga» sin haber llegado a presentar los presupuestos, a la espera de amarrar los apoyos necesarios para aprobarlos en los próximos meses, supone un comportamiento del todo improcedente, anotó ayer el portavoz del gabinete asturiano, Guillermo Martínez, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Un criterio compartido por una amplia mayoría de comunidades, con especial ahínco las gobernadas por el PSOE, que emplazan a Hacienda a rectificar y desbloquear esos recursos.

«No vamos a renunciar a esos 116 millones para desarrollar nuestras competencias», remarcó el portavoz, que garantizó, como ya informó este periódico hace unos días, que el tijeretazo no pone en cuestión la prestación de los servicios públicos, aunque sí admitió el escenario de «incertidumbre» que generan estas decisiones.

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