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Javier Fernández se sienta para dar comienzo a la reunión del Consejo de Gobierno, ayer, con los consejeros Guillermo Martínez, Isaac Pola y María Jesús Álvarez a la izquierda. PABLO LORENZANA
El Principado facilita que empresas asturianas compitan por los contratos de obra pública

El Principado facilita que empresas asturianas compitan por los contratos de obra pública

En un intento por evitar las bajas temerarias, el precio más bajo no será el único requisito y los aspirantes deberán cumplir los convenios vigentes en la región

ANDRÉS SUÁREZ

OVIEDO.

Viernes, 4 de mayo 2018, 04:02

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El Gobierno regional introducirá de inmediato cambios en el sistema de contratación pública que evitarán que el precio más bajo sea el único criterio a tener en cuenta a la hora de adjudicar obras y proyectos, introduciendo cláusulas que primen otros factores. Esta revisión tiene dos objetivos interconectados. Por un lado, evitar las bajas temerarias en estos procesos, que en algunos casos acaban poniendo en peligro la ejecución de los proyectos. Por otro, poner en pie de igualdad a las empresas asturianas con las foráneas, que en muchos casos tienen mayor facilidad para acceder a la adjudicación de obras por los menores costes laborales de sus comunidades de origen.

Estos cambios se aprobaron ayer en la reunión semanal del Consejo de Gobierno y fueron presentados por el titular de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, que contextualizó su aplicación en los acuerdos alcanzados con patronal y sindicatos en el marco de la concertación social. Conocidas son las quejas de la patronal de la construcción por la proliferación de contratos públicos asignados a empresas foráneas ateniéndose solo a razones económicas. «Se entregaron obras a empresas foráneas que tomaron el pelo al Principado, a las empresas de aquí y a los asturianos», llegó a decir el anterior responsable de CAC-Asprocon, Serafín Abilio Martínez.

Con las medidas aprobadas ayer, unas instrucciones y una guía práctica que regirán la inclusión de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental en la contratación del Principado y su sector público, la cosa cambia. En cuanto estén vigentes, señaló Pola, el coste más bajo no será el único criterio a valorar en las adjudicaciones y se avanzará «en la búsqueda de la mejor relación entre la calidad y el precio».

En la práctica, esto supone que las empresas que opten a contratos de obras y proyectos del Principado deberán cumplir unos requisitos básicos iguales para todas, sean asturianas o foráneas. El convenio asturiano de la construcción es uno de los más potentes del país y ello supone unos costes laborales más altos que castigan a las empresas de la región sobre las que vienen de otras comunidades autónomas a la hora de competir en las adjudicaciones. Eso ahora cambiará.

«Como requisito especial de ejecución de los contratos se exigirá, como mínimo, el cumplimiento de las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, tanto para el contratista principal como para subcontratistas», indicó Pola. Esto es, que todas las empresas deben ceñirse a los convenios colectivos vigentes en Asturias, evitando que las empresas de fuera tengan ventaja sobre las asturianas a la hora de presentar ofertas más reducidas. Con esta política se persigue también acabar con las bajas temerarias que llevan a adjudicar obras a precios de imposible cumplimiento, lo que acaba provocando problemas en forma de sobrecostes o paralizaciones.

A esto hay que añadir la puesta en servicio de una guía práctica que regula una serie de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental en la contratación. Iniciativa que, dijo el consejero, persigue «aumentar la calidad del empleo, favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos con especiales dificultades o impulsar políticas de igualdad», entre otros fines.

El Principado establece tres tipos de cláusulas a tener en cuenta en los procesos de contratación pública: sociales (favorecer la calidad del empleo, la economía social, la equiparación salarial...), medioambientales (primar la eficiencia energética, el reciclaje, la reducción de emisiones...) y éticas (promocionar la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, entre otras).

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