El PNV propone blindar el autogobierno con un nuevo Estatuto vasco, aunque mantiene el derecho a decidir

El presidente del PNV en Gipuzkoa y portavoz en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, durante la ponencia de autogobierno./IGOR AIZPURU
El presidente del PNV en Gipuzkoa y portavoz en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, durante la ponencia de autogobierno. / IGOR AIZPURU

El texto jeltzale se apoya en los derechos históricos para exigir un nuevo régimen bilateral «de no ruptura» y retira la consulta previa a su debate en Cortes Generales

OLATZ BARRIUSOBilbao

El PNV centra su propuesta de reforma estatutaria en blindar el autogobierno frente a eventuales laminaciones de competencias y en dotarle de seguridad jurídica a través de un «régimen eficaz de garantías» que impida su modificación unilateral. Ésa nueva relación de «bilateralidad efectiva» implicaría reconocer a Euskadi y a España como «sujetos políticos» en pie de igualdad y estaría sustentada en los derechos históricos reconocidos expresamente en la Disposición Adicional Primera de la Constitución y en el propio Estatuto de Gernika. Ése es el espíritu que impregna los 17 folios que, en medio de una gran expectación, ha presentado esta mañana el PNV en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco.

La propuesta jeltzale busca que el cumplimiento del Estatuto no vuelva a depender de las circunstancias políticas o de las necesidades aritméticas del Gobierno central de turno y propone que la nueva ley fundamental vasca establezca no solo el listado de competencias que corresponden a Euskadi sino las garantías de su cumplimiento y que, en el plazo de tres meses a partir de su aprobación, se cierre un «traspaso único y definitivo de los medios y servicios públicos que se estimen de común acuerdo para asumir el nuevo Estatus Político definitivamente». «El sistema no precisará de ningún otro proceso transferencial en el futuro», precisa la propuesta de Sabin Etxea. A partir de ahí, se introduce el nuevo concepto de «competencia concertada» y una nueva Comisión Mixta del Concierto Político para «objetivar de manera pactada las condiciones en las que ambas partes ejercerán sus respactivas» materias.

El derecho a decidir, el gran caballo de batalla de la reforma del Estatuto, está incluido en la propuesta jeltzale aunque no es, ni mucho menos, su elemento central. Se introduce además, en todo momento, no como un objetivo abstracto, sino como un derecho cuyo ejercicio debería ejercerse de manera pactada. Según subrayan fuentes del PNV, la propia voluntad de los vascos de dotarse ahora de un nuevo estatus a través del ejercicio de los derechos históricos supone poner en práctica esa capacidad de decisión. «La pauta básica que debe guiar a los redactores del texto deberá descansar, por igual, sobre la tradición pactista que ha servido de inspiración a la organización política de los territorios vascos desde la etapa foral y sobre los requerimientos de la moderna sociedad democrática, que no concibe una fórmula de convivencia política que no cuente con el refrendo de la ciudadanía», apuntan.

En cualquier caso, el PNV precisa que el nuevo estatus que plantea se basa en la «no ruptura» y en el asentamiento de un nuevo «acuerdo convivencial» dentro «del Estado español» basado en los conceptos de la «interdependencia» y la «codecisión». En definitiva, una nueva apelación a la soberanía compartida que ha venido defendiendo el lehendakari Urkullu, cuya doctrina impregna de principio a fin el documento.

El documento jeltzale, que promueve también el reconocimiento de la «identidad nacional» vasca, la participación efectiva en los procesos de toma de decisiones en la UE y que el Tribunal Superior vasco sea la última instancia judicial, se mueve en un terreno pragmático y posibilista, encaminado a evitar que el texto reciba un portazo de Madrid o sea recurrido a las primeras de cambio ante el Constitucional. En ese sentido, desaparece de la propuesta peneuvista la ‘consulta habilitante’ que defendió en enero de 2016, un referéndum previo al debate del nuevo Estatuto en las Cortes Generales que no está contemplado por la legalidad vigente. Su desaparición, que el PNV justifica porque ahora se piden contenidos y no metodología, implica en realidad remover un obstáculo fundamental, ya que el único referéndum sería el de ratificación previsto en la propia Carta de Gernika.

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