PSOE, Podemos e IU urgen el inicio del debate sobre el modelo de oficialidad

Pedro Leal, Mari Luz Pontón, Concha Masa, Xosé Alba, Andrés Fernández Vilanova, Xuan Bello, José Manuel Pérez y Xosé Antón Rodríguez. / Á. PIÑA
Pedro Leal, Mari Luz Pontón, Concha Masa, Xosé Alba, Andrés Fernández Vilanova, Xuan Bello, José Manuel Pérez y Xosé Antón Rodríguez. / Á. PIÑA

Foro insiste en que la Ley de Uso aún tiene recorrido para la normalización del asturiano y el PP lamenta que el intento de «imposición tenga el amparo de la Universidad»

AIDA COLLADO OVIEDO.

Con dos notables ausencias -no menos significativas por esperadas- los partidos políticos asturianos se reunieron ayer en torno a la mesa de debate para abordar uno de los temas sensibles que más peso han ganado en el ámbito político de la región durante los últimos tiempos: la oficialidad del asturiano. PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Foro respondieron a la invitación de Iniciativa pol Asturianu y coincidieron al reclamar «voluntad» política y ánimo de «consenso» para proteger la llingua. PP y Ciudadanos, sin embargo, no acudieron a la cita en la que profesores universitarios, economistas, abogados o escritores -antes- y dirigentes políticos -después- trataron de arrojar luz sobre el camino a seguir.

No todos los participantes coincidieron en cuál es la fórmula apropiada. La FSA, Podemos e IU consideraron que este es «el mejor momento» para iniciar el debate sobre el modelo de oficialidad del asturiano.

La socialista Mari Luz Pontón apuntó que «ahora mucha gente entiende que esta es la única forma de que el asturiano sobreviva. Lo dicen los organismos internacionales, no podemos cerrar los ojos». Y por eso «ahora el PSOE apuesta por un modelo de oficialidad». Una posición que, sin embargo, no comparte su grupo parlamentario en la Junta, lo que impediría su tramitación en el Parlamento asturiano esta legislatura.

El diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova insistio en que es una cuestión para la que «la sociedad asturiana en su conjunto da muestras de consenso y de la cama más absoluta» al abordar el tema. Desde el punto de vista parlamentario, dijo, «ahora tenemos la oportunidad» de avanzar hacia la oficialidad y aseguró que «los intentos de confrontación y emponzoñamiento de algunos no están siendo secundados. Nadie quiere hacer una guerra con esto».

Concha Masa (IU) también criticó las posiciones «agresivas y de mal gusto» de algunos partidos, apelando al debate «sosegado y con argumentos». En su opinión, «cualquier momento es oportuno para la oficialidad, pero cuanto antes mejor».

No estuvo de acuerdo el diputado de Foro, Pedro Leal, quien defendió la eliminación de trabas y restricciones para el uso del asturiano, pero rechazó el concepto de oficialidad «que hoy en la sociedad asturiana es sinónimo de imposición y obligatoriedad». Por eso, animó a desarrollar la Ley de Uso del asturiano, que «aún tiene mucho recorrido», para normalizar la llingua y avanzar en el «consenso necesario» para abordar otro tipo de acciones.

«Somos vecinos»

Antes, el profesor de Economía Aplicada Xosé Alba había defendido que «aunque suele decirse que la oficialidad es un desastre económico es todo lo contrario» y el escritor Xuan Bello se había dirigido a la dirección del PP en Asturias: «No somos contrincantes. Somos vecinos». El letrado del Tribunal Constitucional José Manuel Pérez -quien aclaró que la oficialidad no significa que los funcionarios estén obligados a saber asturiano- y el presidente de la Academia de la Llingua Xosé Antón Rodríguez -quien descartó la creación de nuevos canales y apostó por una radiotelevisión pública en la que castellano y asturiano convivan- también intervinieron en la última jornada del seminario 'Oficialidá, el camín constitucional pal futuru del asturianu'.

El PP, por su parte, prefirió opinar desde la barrera. No estuvo en el edificio histórico de la Universidad, pero sí quiso posicionarse en lo que a su juicio es «el interés general de los asturianos y no el de unos pocos». Acusó a quienes apoyan la cooficialidad de querer «imponer la cuestión lingüística sin cortarse un pelo» y argumentó que de implantarse supondría «un despilfarro económico y un gasto no productivo». Además se mostró sorprendido porque «esta imposición tenga el amparo de la principal institución académica, que es la Universidad. Siempre entendimos que la palabra libertad debería primar sobre cualquier otra», dijo en relación al apoyo explícito mostrado por el rector, Santiago García Granda, el pasado viernes.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos