Retrasos administrativos ponen en peligro el inicio del juicio del 'caso Villa'

Villa, acompañado de su mujer y sus representantes legales, tras declarar por este caso en marzo de 2017. / ÁLEX PIÑA
Villa, acompañado de su mujer y sus representantes legales, tras declarar por este caso en marzo de 2017. / ÁLEX PIÑA

La Audiencia alerta de que el proceso, que debería comenzar el 5 de marzo, está pendiente aún de que se transcriban las declaraciones de la fase de instrucción

ANA MORIYÓN OVIEDO.

La Audiencia Provincial amenaza con suspender el juicio del 'caso Villa'. El proceso abierto contra el exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y el exsecretario de la Fundación Infide, Pedro Castillejo, por un delito continuado de apropiación indebida, podría sufrir un nuevo revés. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha advertido a la Dirección General de Justicia de que podría verse obligada a suspender el juicio oral, que debería comenzar el próximo 5 de marzo, como consecuencia de los retrasos, de índole administrativo, que existen en relación con este caso.

El tribunal que preside María Luisa Barrio Bernardo Rua recoge en una providencia, con fecha del pasado 15 de febrero y a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, que aún está pendiente de que se lleve a cabo la «transcripción de las declaraciones prestadas en la fase de instrucción» por parte de los acusados y los testigos, y le recuerda la necesidad de que esta labor se desarrolle de forma «urgente» antes de que dé comienzo el juicio, dentro de apenas quince días. De lo contrario, alerta en el mismo escrito, «nos veríamos obligados a la suspensión del juicio oral, con evidente perjuicio para las partes, en especial los acusados que verían cómo se prolonga sin causa justificada la incertidumbre de su situación procesal». Pero también, añade el tribunal, «para el crédito de la Administración de Justicia ante la sociedad».

Las declaraciones pendientes de transcribir ponen ahora en peligro el inicio de la celebración del mediático juicio contra el exdirigente sindical, cuya instrucción ya sufrió numerosas dilaciones como consecuencia de las dudas planteadas por su abogada en relación al alcance de la enfermedad cognitiva que padece el acusado y la existencia de testimonios y pruebas contradictorias. Una situación que llevó a la jueza Simonet Quelle Coto -a instancia de la acusación, que ejerce el SOMA- a solicitar un examen neurológico completo del exsindicalista. Y, después de superar diferentes recursos y obstáculos -que la propia magistrada calificó de «maniobras dilatorias de la defensa»-, la prueba pericial se desarrolló en el domicilio del acusado por parte de un experto en demencias, Alfredo Robles Bayón, que determinó que el exsindicalista sí estaba en condiciones para declarar. Lo hizo 14 meses después de que fuera citado por primera vez y tras once recursos interpuestos -muchos para evitar esta comparecencia-, que fueron uno a uno desestimados.

En aquella comparecencia, transcrita textualmente por este diario, el exsindicalista respondió de forma coherente a las preguntas de su abogada, se defendió de todas las acusaciones vertidas por el SOMA e, incluso, trató de inculpar a otras personas del sindicato del descontrol contable. Pocos meses después, la magistrada daba por cerrada la instrucción y decretaba la apertura del juicio que, salvo sorpresa, debería comenzar el próximo 5 de marzo.

La Fiscalía solicita cinco años de cárcel y una indemnización al sindicato minero de 434.158 euros por el dinero apropiado, si bien la acusación, a través del bufete Ontier, eleva su petición de cárcel a seis años. Para el segundo acusado, el exsecretario del Infide, Pedro Castillejo, cuyos intereses defiende el abogado Alfredo García López, el ministerio fiscal solicita una pena de tres años y medio, que la acusación eleva a cinco años, y una indemnización de 119.434 euros.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, Villa se habría aprovechado de su «posición de absoluto control de la entidad» para idear un plan destinado a desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal», que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros. En concreto, hasta 2001 cobró los cheques nominales con los que Hunosa pagaba al sindicato las dietas por asistencia de sindicalistas al comité intercentros. Tras decidir en 2001 la empresa estatal minera hacer esos pagos por transferencia bancaria, el sindicalista acordó que los ingresos no se hiciesen en la cuenta del SOMA-FITAG-UGT, sino en otra del SOMA, «en la que mantenía un control absoluto» y que procedió a utilizar como una cuenta personal. En cuanto a Castillejo, el fiscal considera que realizó una serie de operaciones carentes de relación con la actividad de la fundación entre 2004 y 2013 que ascendieron a 119.434 euros.

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