Los sindicatos critican la baja ejecución de la concertación y la Fade pide conocer las inversiones

A su entrada en la reunión de la comisión de evaluación del acuerdo de concertación social, presidida por el jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha indicado que se dan «retrasos e incumplimientos» debido a que la Administración «funciona con mucho retraso», muchas veces porque «hay una fragmentación política que hace que el Gobierno no se atreva a llevar a la Junta determinadas medidas» y porque ejecutar desde lo público «conlleva unos retrasos inmensos».

El secretario general de CC OO Asturias, José Manuel Zapico, ha señalado que a mitad del acuerdo de concertación el sindicato ve la botella «medio vacía» y ha considerado que «el Gobierno tiene que ejercer un mayor liderazgo para desbloquear temas importantes» y los partidos de la oposición «deben sumar esfuerzos para poder liberar recursos que permitan llegar a acuerdos y desarrollarlos».

Por su parte, el director general de Fade, Alberto González, ha afirmado que desde el punto de vista cuantitativo el acuerdo se cumple «bastante bien» excepto en el caso de las inversiones, ya que no tienen la información. Además, ha apuntado que en la federación están «muy preocupados» porque creen que la concertación «debería servir para otra cosa», que es «sentar las bases de la nueva estructura económica de Asturias».

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha detallado que para este ejercicio desde la ejecución presupuestaria estaban comprometidos aproximadamente 440 millones de euros de inversión y en este momento, en la fase de autorizado hay 475 millones; 409, en la de disposición y «aproximadamente un 50%» está en la de obligación. Además, ha destacado que en las últimas semanas del año se produce una aceleración de la ejecución presupuestaria, de manera que en estos próximos días «probablemente» habrá un nivel de ejecución «bastante satisfactorio».

El consejero ha relatado que estos días se ha abogado por trabajar en la FP Dual, y ha asegurado que han avanzado en compra pública innovadora y en la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación pública, cuyos retrasos se deben a problemas «de carácter jurídico». A este respecto, ha señalado van a tratar de que para los primeros meses del próximo año haya un modelo de cláusulas sociales extensible al conjunto del Principado.

Tras admitir que la ejecución se ha desplazado hacia los últimos meses del año como consecuencia de que en este todas las convocatorias públicas de ayudas han tenido que ser revisadas por la entrada en vigor de algunas disposiciones legales de ámbito estatal, ha insistido en que espera en que a finales de año haya un «nivel de ejecución satisfactorio». «Tener presupuesto siempre es bueno y en particular en lo referido al cumplimiento de los términos de la concertación», ha señalado Pola con la vista puesta en la negociación presupuestaria, que esta semana pasará su primer examen con el debate de enmiendas a la totalidad.

A su juicio, la aprobación de las cuentas públicas sería «lo deseable» no sólo por la disponibilidad de la inversión, sino por la agilidad de su tramitación, porque la prórroga provoca retrasos.

El secretario general de CC OO ha considerado que los presupuestos presentados por el Gobierno son expansivos y es «una buena oportunidad, a mitad de legislatura, tirar de esa herramienta de primer orden» para cumplir los acuerdos de la concertación. Por su parte, Fernández Lanero ha advertido de que si no hay presupuestos «los retrasos van a ser muchos más», porque los recursos para la concertación están ahí, pero otra cosa es tener que ir a créditos extraordinarios para implementar determinadas medidas. Desde FADE, González ha considerado que una prórroga «siempre es perjudicial», porque «reduce la capacidad económica y dificulta muchísimo técnicamente la aplicación y desarrollo de los presupuestos», pero ha advertido de que otra cosa es que éste sea el presupuesto que se necesita.

Las cláusulas sociales es un tema que preocupa tanto a patronal como a sindicatos, y mientras UGT ha asegurado que la Administración ha «tirado por el suelo prácticamente todas» las que habían acordado empresarios y sindicatos, FADE ha advertido de que regirse casi exclusivamente por las condiciones de precio causa «numerosos perjuicios a las inversiones y al presupuesto del Principado».