El Tribunal de Cuentas valida la deuda asturiana de 2015

El síndico mayor, Avelino Viejo, y la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, conversan en la Junta General en una imagen de 2016. /  EFE
El síndico mayor, Avelino Viejo, y la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, conversan en la Junta General en una imagen de 2016. / EFE

Archiva las diligencias sobre una posible gestión opaca al admitir que no es posible identificar el destino concreto de los 134 millones en litigio

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

El Tribunal de Cuentas ha archivado las diligencias abiertas por una presunta gestión opaca de una parte del endeudamiento del Principado de 2015. En un auto fechado el pasado 4 de diciembre acepta las alegaciones presentadas por el Gobierno asturiano, asume que no es posible identificar el destino de los 134 millones de euros objeto de litigio y concluye que no se ha producido daño alguno a los fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas había abierto diligencias a raíz del informe de la Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador de la comunidad, sobre el balance económico del Principado correspondiente a 2015. El documento en cuestión constataba que no se habían podido identificar los gastos concretos que se habían financiado con cargo a una parte de un préstamo suscrito por el Gobierno asturiano con el ICO, al no existir un detalle de las facturas u obligaciones. La cantidad en cuestión ascendía a 134 millones. A partir de este análisis, y ante la posibilidad de que se hubieran cometido irregularidades, la Fiscalía solicitó investigar los hechos.

La misma Fiscalía que, oídos los argumentos del Principado, ha solicitado el archivo de las diligencias, petición a la que ha accedido la consejera Margarita Mariscal de Gante. La Fiscalía concluye, a la vista de la información remitida por el Principado, que el destino de esos 134 millones era «financiar el déficit del ejercicio sin vincularlo a un gasto concreto». Esto es, que ese dinero atiende las necesidades de financiación del déficit de la comunidad, y que por tanto es comprensible que no exista un detalle de las facturas u obligaciones a pagar.

«Razón por la cual procedería el archivo de las actuaciones», anota la Fiscalía, en un criterio que es atendido por el Tribunal de Cuentas. «No se ha producido daño a los fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable por alcance», argumenta a modo de conclusión.

Trasfondo político

El asunto había provocado una enorme polvareda política en Asturias, con varios grupos de la oposición, singularmente Podemos, utilizando el informe inicial de la Sindicatura de Cuentas como ariete contra el Gobierno y reclamando la intervención del Tribunal de Cuentas, al margen de las diligencias que este ya había abierto de oficio. La formación morada presentó varias iniciativas parlamentarias y exigió explicaciones a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que defendió el criterio que ahora acaba de validar el órgano fiscalizador estatal. Esto es, que esos 134 millones iban destinados a financiar el déficit del ejercicio, sin vinculación directa a gastos concretos.

El reciente informe de la Sindicatura correspondiente a 2016 incide en el mismo reproche al Principado. Vuelve a deslizar esa crítica a una gestión opaca de la deuda, aunque en este caso la cantidad es algo menor, de 104 millones de euros. Insiste en que no tiene acceso a las facturas que acrediten el destino de esa cuantía.

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