Unanimidad en la Junta contra el «ataque ilegal» a la unidad de España de la Generalitat

Guillermo Martínez, de pie, al inicio de la reunión de la Junta de Portavoces.
Guillermo Martínez, de pie, al inicio de la reunión de la Junta de Portavoces. / PABLO LORENZANA

Podemos rechaza también la actitud de Rajoy, mientras que IU reconoce el derecho a decidir, pero «dentro de la ley» y «con garantías

ANA MORIYÓN OVIEDO.

Unanimidad en la Junta General del Principado contra la estrategia secesionista de la Generalitat. Todos los grupos políticos con representación en la Cámara asturiana coinciden en rechazar y denunciar las formas utilizadas por el Gobierno de Puigdemont para sacar adelante la ley y la convocatoria de referéndum de autodeterminación anunciada para el próximo 1 de octubre, que ya ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Ayer, coincidiendo con la celebración de la Diada, que se vivió este año como un auténtico pulso al Gobierno central, el portavoz del Principado, Guillermo Martínez, incidió en el mensaje -que con motivo del Día de Asturias- trasladó el presidente, Javier Fernández, reivindicando el derecho a convivir y el respeto al orden constitucional y a la legalidad.

Marcelino Marcos Líndez, portavoz del grupo socialista en la Junta, también recriminó que se esté presionando a las alcaldías para que faciliten los medios necesarios para celebrar una consulta en «incumplimiento manifiesto de las leyes». No obstante, se mostró tranquilo al saberse que todos los partidos que defienden la democracia y el cumplimiento de la legislación vigente «están unidos» contra el proceso secesionista.

También la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad ante los últimos acontecimientos en relación al proceso secesionista catalán, y de confianza en nuestro ordenamiento jurídico. La líder popular comprende que pueda existir un clima de «estupor» entre la sociedad española por el desafío catalán, pero considera que la ciudadanía debe estar «tranquila» por la «grandeza de nuestro sistema democrático» y la «fortaleza» del estado de derecho, que garantiza el cumplimiento de las leyes. Fernández está convencida de que pese a la actitud de rebeldía del Gobierno catalán, el referéndum no se celebrará, «porque España es un país serio y Cataluña es una buenísima comunidad en la que hay muchos catalanes que ven con el mismo estupor que nosotros esta situación».

En la misma línea se manifestaron los portavoces de Foro y Ciudadanos. La presidenta de Foro, Cristina Coto, rechazó las «posiciones radicales» de quienes estos días están alentando a funcionarios y alcaldes al incumplimiento de la Constitución. «Estamos ante un intento de jaque mate al estado de derecho, a la unidad de España, sobre la base de un incumplimiento reiterado de todas las normas», dijo. «Es un ataque ilegal ante el que el Gobierno de España tiene derecho a la legítima defensa y a utilizar todos los instrumentos de nuestro ordenamiento jurídico, que es ambicioso y tremendamente riguroso», completó.

Nicanor García, portavoz de Ciudadanos, también mostró su apoyo al Gobierno central para que dé «los pasos necesarios, aunque con cautela, para evitar el referéndum ilegal» que proyecta la Generalitat. «Estamos al lado del Gobierno español», quiso subrayar, al tiempo que abogó por que, una vez frenada la consulta ilegal, se trate de resolver el conflicto catalán a tráves del «diálogo político».

Judicialización

El mismo diálogo que se reclama desde Podemos, tan críticos con los pasos dados por el Parlament como por el Gobierno central. «Los problemas de Cataluña no se resuelven por la vía de la judicialización, el enfoque de Rajoy no es el más adecuado. Pero tampoco nos convencen las imágenes que nos están llegando sobre la tramitación de la ley en Cataluña», resolvió Emilio León, portavoz de la formación morada. «Creemos que este conflicto se tiene que resolver de otra forma, hay que sentarse a hablar políticamente», instó León, si bien criticó que Asturias dedique su tiempo a debatir sobre Cataluña.

Más comprensible aún con el derecho a decidir de la sociedad catalana se mostró Gaspar Llamazares, portavoz de IU, quien entiende que debe consultarse a los catalanes su opinión en relación a la independencia. Sin embargo, puntualizó que esta consulta debe celebrarse «dentro de la ley, compartida pero no unilateral, y con garantías, con reconocimiento estatal y europeo». De lo contrario, declaró, se trataría solamente de una iniciativa de «adhesión al independentismo, que solo convoca a los independentistas y su validez y vinculación es solo para los independentistas, no para el Estado».

Más

Fotos

Vídeos