Sorprende que una de las resoluciones aprobadas ayer por la comisión sea promover el uso de todas las lenguas del Estado en sus respectivos territorios en la actividad diaria de la Justicia. Comunidades como el País Vasco, Cataluña o Galicia han aceptado «con gran sensibilidad» esta definición que abre el abanico a todas las lenguas, aunque no sean oficiales. Esta es la reclamación que trasladó Valledor y que permitirá que el asturiano adquiera protagonismo, al menos, dentro de la administración de justicia. Por ejemplo, cuando se elaboren los folletos informativos sobre la justicia gratuita se elaborarán en castellano y asturiano.
