China, Irán, Arabia Saudí y Estado Unidos concentraron el 94% de las 2.148 ejecuciones legales que se produjeron en 2005. La pena de muerte está vigente en 68 países, de los que 22 la practicaron el pasado año, según indica el informe de Amnistía Internacional difundido ayer con motivo de la celebración del Día Mundial Contra la Pena de Muerte, en el que la organización reclama que la Constitución española prohíba expresamente las ejecuciones y que se ratifique el protocolo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
«Es llamativo que el 94% de estas ejecuciones se registrara en cuatro países: China (1.770 ejecuciones conocidas, aunque según cálculos de expertos chinos, todos los años son ejecutadas entre 8.000 y 10.000 personas), Irán (94 ejecuciones conocidas), Arabia Saudí (86 ejecuciones conocidas) y Estados Unidos (60 personas)».
En los últimos 30 años se ha registrado una tendencia clara hacia su abolición y en 2006 Filipinas y Moldavia se han unido a la lista de países abolicionistas. Un total de 43 Constituciones en el mundo prohíben expresamente la pena de muerte.
Niños y deficientes
Amnistía Internacional lamentó, «que en EE UU se siga condenando a muerte y ejecutando a personas con enfermedad mental y que en Irán y Pakistán se haya ejecutado a menores durante 2006». Según Esteban Beltrán, director de la organización en España, «los países que utilizan la pena de muerte lo hacen de una forma injusta, vulnerando las leyes y normas internacionales». «La pena de muerte no es aceptable nunca, en ningún caso, y cada ejecución constituye una violación extrema del derecho a la vida- prosiguió- Y esta violación se agrava cuando el Estado quita la vida a un ser humano por medio de un proceso judicial injusto».
En China donde se sigue ejecutando con un tiro en la nuca, cada vez es más común el uso de la inyección letal, para facilitar la extracción de órganos. Según asegura el informe, varios especialistas chinos en transplantes estimaron que los órganos procedentes de presos ejecutados suponen alrededor del 99% del total de órganos transplantados.
El informe llama también la atención sobre los dos españoles condenados a muerte en el extranjero, Pablo Ibar en EE UU y Nabil Manakli en Yemen. Ibar fue condenado en 2000 y desde entonces permanece en el corredor de la muerte. Aunque la familia lucha por probar su inocencia en marzo el Tribunal Supremo de Florida confirmó la sentencia.
