Las operaciones urbanísticas que se vienen desarrollando en Puerto de Vega vuelven a estar en el punto de mira. Primero fue el senador del PP, Javier Sopeña, quien fue acusado por el PSOE del cobro de «comisiones ilegales» por la venta de unos solares en esta localidad. Ahora son un concejal socialista y una ex edil del mismo partido en Navia los protagonistas de una nueva polémica.
El edil independiente y socio de gobierno del PP, Herminio Martín Villacorta, acusa al concejal del PSOE y vocal en la Comisión de Desarrollo Territorial, Juan Pablo Unibaso Pérez, y a María Sonia Pérez García -quien también fue concejala de esta partido hasta su dimisión en el último año- de «ejercer de intermediarios en la compra de terrenos para la construcción de viviendas».
Además, Martín Villacorta afirma que Unibaso y Pérez «cobrarán 72.121 euros por la venta los derechos de compra de unos terrenos a una promotora» que tiene su sede en Gijón. Según la documentación y los contratos de compra y venta a los que ha tenido acceso este periódico, esos terrenos corresponden a la unidad de actuación 'El Bosque', en Puerto de Vega.
Esos solares son propiedad de ocho particulares y los contratos se firmaron el 9 de enero de 2005. Cuatro meses más tarde, el 16 de mayo, Juan Pablo Unibaso y María Sonia Pérez vendieron los derechos de compra de estos terrenos a una empresa constructora de Gijón. Según reza el contrato, estas dos personas percibirían en esa operación 72.121 euros. El abono de esta cantidad se reparte en dos pagos: «18.030,36 a la firma del presente documento, el cual servirá como la más eficaz carta de pago por dicha cantidad. El resto, es decir 54.091 euros, se abonarán en el momento que se obtenga el 51% del compromiso de sumarse a la promoción para el desarrollo de dicha unidad de gestión de un número de propietarios suficientes que sumen dicho porcentaje», refleja el contrato.
Operaciones «no éticas»
El concejal Herminio Martín considera que las operaciones llevadas a cabo por el concejal y la ex edil socialista «no son éticas, ya que siendo concejales se aprovecharon de sus cargos para firmar esos acuerdos y para hacer de intermediarios en operaciones urbanísticas».
Para el concejal independiente, la «limpieza» de este proceso queda en entredicho «cuando en el contrato de venta de los derechos a la promotora, los ediles introducen una cláusula en la que la empresa asegurará la confidencialidad del contenido del contrato y de las cantidades que percibirán».
En los contratos también aparece una cláusula en la que se establece que toda la venta de los terrenos está supedita a la «aprobación» del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está en proceso de redacción.
Pero las «irregularidades» que asegura el concejal independiente que presuntamente han cometido Unibaso y Pérez no se quedan en este punto. También afirma que, según los contratos de adquisición de los derechos de venta firmado con los propietarios, «no se les paga por igual a todos ellos. Da la casualidad de quienes reciben mayor cantidad son o bien familiares de ellos o personas muy cercanas», asegura Martín Villacorta.
En este sentido, afirma que los dueños de los terrenos «se sienten engañados». Precisamente, los ocho propietarios de los solares se enfrentan a una demanda de la empresa constructora porque se han negado a escriturar sus parcelas.
Desde el equipo de gobierno popular se mantiene, «de momento», silencio. Tan sólo se recuerda que para desarrollar esa unidad de actuación es necesario que el 51% de los propietarios estén de acuerdo y que se realice el pertinente estudio de detalle. «El Ayuntamiento lo hará de acuerdo con el 100% de los propietarios de los terrenos», afirman desde el equipo de gobierno.
