Martes, 24 de octubre de 2006
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Arzalluz se autoinculpa en la causa contra Ibarretxe por reunirse con Batasuna
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Varios ex altos cargos del PNV del Gobierno vasco, con Xabier Arzalluz y Luis María Retolaza al frente, se inculparon ayer ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la causa abierta contra el lendakari Juan José Ibarretxe por reunirse con Batasuna. Los veteranos nacionalistas aseguraron que también se han reunido con la formación ilegalizada, defendieron el diálogo como instrumento para la superación del denominado conflicto vasco y acusaron a la sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal vasco de ir en contra del llamado proceso de paz.

El ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, los ex consejeros Luis María Retolaza y Luis Mari Bandrés, el ex alcalde de San Sebastián Ramón Labayen, los ex diputados generales de Guipúzcoa y Álava Eli Galdos y Juan María Ollora, el ex presidente del PNV en Navarra José Antonio Urbiola y otros seis antiguos dirigentes nacionalistas se personaron ayer al mediodía en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Lo hicieron como 'autoinculpados' en la causa abierta contra Juan José Ibarretxe, acusados de un presunto delito de desobediencia por reunirse en abril con dirigentes de Batasuna en la ronda de contactos que mantuvo con el conjunto de fuerzas políticas vascas tras el alto el fuego declarado por ETA.

Tras aclarar que la autoinculpación es una iniciativa personal que no forma parte de una estrategia política del PNV, señalaron que el proceso abierto por el TSJPV supone «el inicio de un juicio político que denunciamos sin paliativos y con todas las consecuencias» y un «disparate jurídico cargado de intencionalidad política» que «vulnera derechos fundamentales» de Ibarretxe.

Los veteranos nacionalistas subrayaron que «estamos inmersos en un proceso político de paz» en el que el diálogo «se muestra como la herramienta imprescindible para la búsqueda y construcción de soluciones». Un dialogo, precisaron, que "»se practica entre formaciones políticas y agentes concernidos, entre el Gobierno y la organización ETA».

 
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