La formación política de Izquierda Unida ha denunciado al alcalde de Castrillón, José María León Pérez, por su negativa a mostrar las facturas detalladas de los móviles del Ayuntamiento desde el pasado 1 de enero de 2005 hasta el 27 de febrero del 2006.
La denuncia ha llegado hasta el Juzgado de lo contencioso-administrativo número cuatro de Oviedo, que ha declarado la ejecución forzosa en un mes de la sentencia, por la cual el alcalde de Castrillón deberá entregar a Izquierda Unida la relación de las facturas detalladas de los móviles municipales. «En este Ayuntamiento las facturas de los móviles del personal municipal y de los concejales, los que son pagados con dinero público, siempre han sido detalladas», comentaba Ángela Vallina, portavoz de IU. Según palabras de la portavoz, cuando el año pasado solicitaron las facturas detalladas León Pérez se negó a facilitárselas. «Nos dijo que si el tenía un novio y lo llamaba no teníamos porqué saberlo, a lo cual yo le contesté que en ese caso debería hacerlo con su teléfono particular», explicó Ángela Vallina.
Desde mayo del 2005, José María León Pérez dio órdenes a Telefónica de que no envíasen las facturas detalladas, sino que las mandasen únicamente con el importe total. «Tuvimos que ir al juzgado a reclamarlo y el juez nos dijo que era un derecho fundamental de los concejales el controlar cualquier gasto realizado con dinero público», expresaba la portavoz de IU. La sentencia salió en firme en junio y a día de hoy el alcalde todavía no ha solicitado a la compañía telefónica el envío de las facturas detalladas. En la resolución judicial se requiere a León Pérez que en el plazo de un mes recabe de Telefónica móviles las facturas detalladas e individualizadas de cada una de las líneas de telefonía móvil de las que sea titular la Corporación en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2005 y el 27 de febrero del 2006. En las facturas deberá aparecer el detalle de consumos efectuado, los números de teléfono de destino de las diferentes llamadas realizadas en cada uno de ellos, así como el tiempo de duración y las fechas de cada una de las llamadas telefónicas. «Nos parece vergonzoso que después de jurar la Constitución se salte un derecho fundamental que marca la Constitución y tiene una sentencia en firme y no la quiere cumplir» comentaba Ángela Vallina.El alcalde de Castrillón todavía no se ha pronunciado al respecto y tiene cinco días para realizar las alegaciones pertinentes. «Por cómo está actuando el alcalde, lo único que cabe pensar es que está ocultando algo. Nosotros en ningún momento pedimos que nos mostrará las convesaciones, pedimos los números a los que ha llamado. En ningún momento pedimos el contenido de las mismas», declaraba la portavoz de IU.
