Los sindicatos ANPE y FETE-UGT presentaron ayer las propuestas que remitirán a la Consejería de Educación para que se incorporen al texto definitivo del acuerdo para la convivencia escolar que se prevé aprobar antes de que acabe el año. Ambos sindicatos han coincidido en algunas de las medidas que debería incluir el borrador redactado por Educación, especialmente aquellas de carácter preventivo, como una mayor atención a la diversidad del alumnado y la formación del profesorado en la gestión de conflictos. También hay consenso en la necesidad de agilizar los procedimientos sancionadores, potenciando la figura de la Comisión de Convivencia escolar y de los docentes. Sin embargo, ANPE va más allá en sus propuestas correctivas y plantea la colaboración de la Policía en las entradas y en las proximidades de los colegios e institutos, zonas que califica como «de especial conflictividad».
El sindicato, además, concreta los plazos y las figuras que deben ejecutar las sanciones: «Aplicación inmediata por parte del tutor, en casos leves; del equipo directivo en casos graves y, en casos muy graves, expediente a resolver por parte de la Comisión de Convivencia antes de 15 días desde el momento de la infracción».
El departamento de José Luis Iglesias Riopedre deberá estudiar la propuesta que lanzan ambos sindicatos para atajar «casos extraordinarios». Tanto ANPE como FETE-UGT apuestan por reforzar las medidas de carácter preventivo, sin embargo, en aquellos supuestos en los que los que las medidas preventivas no resulten eficaces y no se cuente con el apoyo de las familias, plantean que los alumnos conflictivos sean derivados a otras instituciones, como los Servicios Sociales y Jurídicos del Principado.
Ninguno de los dos sindicatos ha olvidado en el texto que remitirá a la Consejería de Educación a los profesores y alumnos que han sufrido acoso o agresiones en el ámbito de la enseñanza. Para ellos reclaman que se les facilite asistencia psicológica y jurídica gratuita. ANPE, además, solicita una «sanción rápida y proporcionada» o, incluso, el cambio de centro del agresor.
Distribuir el alumnado
Como punto de partida, los sindicatos plantean una adecuada distribución del alumnado y de los fondos entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. ANPE es más específico en su planteamiento y propone un reparto «equitativo entre centros públicos y concertados» de los estudiantes conflictivos a través de una comisión de escolarización.
Entre las propuestas también incluyen la especialización de las plantillas y la posibilidad de crear la figura de un «coordinador de convivencia», que se encargaría de las tareas de formación tanto de padres como de profesores y de las acciones tutoriales.
