«Aquí o en una instancia superior, pero estas escuchas telefónicas serán declinadas como prueba». Amenazas como esta, lanzadas al tribunal por los abogados de la defensa, se pudieron escuchar ayer en la sala de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias.
En la penúltima sesión del macrojuicio oral por el 'caso Pipol' la tensión se masticó en el ambiente. Los letrados insisten en impugnar la validez de las escuchas telefónicas sobre las que se basa la acusación del fiscal y, de lograrlo, podrían invalidar todo el proceso. Así lo manifestó, por ejemplo, el abogado Sergio Herrero, que representa a tres de los veinte imputados en este asunto por tráfico de drogas en el que además están acusados por tráfico de explosivos Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras. E insistió en esa idea Alfonso Díaz Moñux, abogado de L. C. G., el policía local de San Martín del Rey Aurelio acusado por la Policía de ser uno de los principales vendedores de droga del caso.
A la impugnación de los 'pinchazos' telefónicos suman los letrados otros argumentos que abren las vías a posibles recursos ante tribunales superiores. Hablan de irregularidades en la instrucción que tienen que ver con la duplicidad de las escuchas, «trampas» para conseguir teléfonos de los sospechosos, falta de pruebas contundentes, dilación «innecesaria» y registros nulos porque violan el derecho a la intimidad de la propiedad privada.
Díaz Moñux denunció ayer que la Policía «jugó con trampas» al considerar que «hay una doble investigación y con ello se están solapando las intervenciones telefónicas de una y otra».
Duplicidad de actuación
El letrado explicó que en el tiempo en que se desarrolló la 'operación Pipol', en 2001, su cliente tenía otra causa pendiente en un juzgado de Siero que probablemente facilitara un intercambio ilícito de información con el juzgado de Instrucción número 1, de Gijón, responsable del sumario de 'Pipol'. «De ahí que nadie en este juicio oral haya podido explicar cómo se consiguió el teléfono de mi cliente. La razón es que hubo duplicidad de escuchas sobre las mismas personas», dijo.
En tono exacerbado el mismo letrado llegó a decir que «aquí no se han hecho bien las cosas desde el principio» y aseguró que «no entiendo toda esta parafernalia en torno a un proceso tan normalito y con tan poca droga incautada», en alusión una vez más a la repercusión mediática de las sesiones orales por la vinculación de dos de los imputados con el 11-M.
Se trata del mismo abogado que fracasó en su intento de llevar el juicio a la Audiencia Nacional y ayer volvió a insistir en la idea de que «sigo entendiendo que esta sala no es competente para juzgar este asunto».
Pero no fueron sus palabras las únicas en reflejar la tensión entre las partes. Si el anterior llegó a decir al presidente de la sala que era «inaceptable» que le hubiera «corregido» durante sus exposiciones, hasta el punto de recordarle que el magistrado le dijo en una ocasión que no diera «la lata, señor letrado», la abogada de D. G. D., Ana María Muñiz Casares, inició su intervención poniendo en evidencia que los argumentos del fiscal Antidroga son «solo un juego de indicios» y dijo que con su alegato de acusación «parece que viene a la guerra. Aquí no venimos a pegarnos unos con otros».
La abogada también insinuó que con las elevadas penas que solicita el fiscal únicamente se pretende «justificar el trabajo de la Policía y los impuestos con los que se les pagan». También aludió a la dilación del proceso y aseguró que «mientras que el juicio del 11-M se cerrará en tres meses con sentencia, politiqueo y todo eso, el caso que nos ocupa lleva ya seis años abierto».
Alegato
Con otro tono bien distinto, pero con idéntica contundencia intervino el abogado Sergio Herrero en nombre de A. M. A., a quien en un garaje de Gijón le fueron decomisados un kilo de cocaína, 32 de hachís y una pistola. Según su alegato, el registro es nulo porque fue autorizado por el juzgado de Instrucción número 4 de Gijón después de que la Policía informara de que su cliente era consumidor de cocaína y sólo de manera esporádica vendía hachís. «Es, señoría, un ejemplo de libro de que esas circunstancias no pueden llevar a registrar el domicilio de nadie».
