La fiscal mantuvo ayer la petición de condena de dos años y medio de cárcel para los sindicalistas de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, acusados de quemar un vehículo y de desórdenes públicos durante una de las movilizaciones de Naval Gijón, el 28 de diciembre de 2004. El Ministerio Público restó importancia al hecho de que los testimonios de los cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía fueran contradictorios, hasta el punto que dos de ellos aseguraron que el único autor de los hechos fue Morala, mientras que los otros dos indicaron que fueron los dos acusados.
Según la fiscal, los hechos quedaron acreditados en la vista celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón y rechazó que los imputados se puedan acoger a la libertad sindical, ya que se extralimitaron en sus derechos al hacer uso de la violencia. Para ella, quedó probada la intención de los dos imputados de «alterar la paz pública y menoscabar la propiedad privada».
Para uno de los testigos policiales, esta diferencia en la declaración de sus compañeros puede deberse a que otro agente y él estaban en la parte baja del puente de Carlos Marx -donde tuvieron lugar los hechos- mientras que los otros policías estaban encima y les obstaculizaban la visión el grupo de manifestantes. Los dos policías que identificaron a los acusados señalaron que lo hicieron gracias a las imágenes aparecidas en medios de comunicación. En concreto, uno de los agentes dijo haber visto cómo Carnero, que supuestamente iba embozado, se quitó el pasamontañas delante de ellos y se puso un gorro con franjas, una prenda que sirvió al policía para identificar al acusado. Otro de los agentes matizó que no vio físicamente la cara de Morala, pero que lo identifica en las imágenes por la ropa.
En este contexto, el abogado de la defensa puntualizó que los policías sólo identificaron a «un señor de barba», pero que no fue hasta días después cuando dijeron que era Morala. Por su parte, Cándido González Carnero aseguró que son objeto de «una persecución policial y política», mientras que Morala destacó el derecho al trabajo que tiene cada ciudadano: «Estamos legitimados para luchar por él y lo seguiremos haciendo».
