La empresa critica, además, que la adjudicación de la regasificadora a Enagás «todavía no haya aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)», aunque el Gobierno y la propia compañía «la den por cerrada».
Además del recurso contra la decisión del Consejo de Ministros, Fenosa llevará a los tribunales a la Autoridad Portuaria de Gijón. «La idea es abrir dos frentes jurídicos para evitar esta discriminación», aclaran las mismas fuentes. La eléctrica ya había presentado un «escrito de queja», a finales del año pasado, contra la decisión de la dirección del puerto de El Musel de adjudicar a Enagás 18 hectáreas en los terrenos de El Musel, donde se ubicará la planta de gas.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó la regasificadora de forma directa a Enagás en noviembre de 2006 y dejó fuera a Unión Fenosa «por falta de documentación». Una circunstancia que niegan rotundamente fuentes cercanas a la compañía eléctrica. La instalación gijonesa se incluyó en la revisión del Plan Estratégico Nacional (2002-2012) realizada por José Montilla como ministro de Industria en el año 2005.
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, fue quien apremió al actual ministro de Industria, Joan Clos, para que adjudicara la planta de gas, de forma urgente, a Enagás, ya que la convocatoria de un concurso público retrasaría la adjudicación al menos un año. El presidente del Principado solicitó al titular de Industria la adjudicación 'rápida' de la regasificadora de El Musel, ya que «generará una cadena de inversiones importantes» que permitirán a la región diversificar el negocio energético, renovar el parque termoeléctrico y mitigar los efectos del Protocolo de Kioto.
Críticas del PP
El PP había acusado al Gobierno regional de «intervencionismo inaceptable» por adjudicar de forma directa el proyecto de la futura regasificadora de El Musel a Enagás. Así lo trasladó Alicia Castro, diputada popular por Asturias en el Congreso, quien reveló, además, que Fluor Daniels -junto con Unión Fenosa Gas- era otra de las empresas interesadas en la construcción de la planta asturiana. Castro exigió «un concurso público» para la adjudicación del proyecto y poner así freno a un proceso «oscurantista» y que «huele muy mal».
El consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, contestó a las críticas del PP y afirmó que todas las regasificadoras españolas se adjudicaron por el mismo procedimiento que está realizando ahora el Gobierno regional, incluso durante la última legislatura del PP. «Durante el periodo de gobierno de José María Aznar se adjudicaron varias regasificadoras por este mismo procedimiento y, curiosamente, lo que entonces valía y aplaudían, hoy les suena extraño y les huele mal», respondió el consejero.
