«El Código Penal está dictado por unos parlamentarios que representan al pueblo y refleja la sociedad del momento. Hay que respetar el criterio del parlamento». Con estas palabras respondió ayer Agustín Azparren, vocal del Consejo General del Poder Judicial, a las duras críticas vertidas el día anterior por el consejero de Justicia del Principado, Francisco Javier García Valledor, a la ley penal que ampara la sentencia de tres años de prisión dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón contra los sindicalistas Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero.
La resolución judicial condena a los dos representantes de la Corriente Sindical de Izquierda en Naval Gijón por su participación en el destrozo con material explosivo de un cajetín de control de tráfico en la plaza del padre Máximo González, durante las movilizaciones de los trabajadores del astillero, en marzo de 2005. Una sentencia que, en opinión de Valledor, refleja un «retroceso de décadas en las garantías democráticas», debido a la aplicación de un Código Penal que incluye, a su entender, aspectos de «extrema derecha».
Azparren, si bien recuerda el debido respeto a las leyes emanadas de las Cortes, destaca que al menos el consejero critica la norma aplicada, no a la persona obligada a su aplicación: «Valledor arremete contra el Código Penal cuando siempre, en casos similares, se ha criticado al juez. Por una vez, en vez de cargar contra el juez se ha ido al foco del problema; en ese sentido es correcto», argumentó el magistrado.
El consejero de Justicia abogó también por «evitar presos laborales en este país», manifestación a la que replicó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Gerardo Herrero, quien recordó que a Morala y Carnero «no se les condena por defender sus puestos de trabajo, sino porque hay pruebas suficientes que indican que participaron en destrozos en vías públicas». En el juicio, prosiguió Herrero, «la Fiscalía acusó y mantuvo la acusación porque había pruebas».
En cuanto al Código Penal, el fiscal recordó que es «el legislador el que puede modificarlo», aunque cada uno es muy dueño de disentir» respecto a su contenido.
José Ignacio Álvarez, presidente de la Audiencia Provincial, rehusó, por su parte, comentar tanto las declaraciones de Valledor como el contenido de la sentencia, aunque sí afirmó que «respeto todas las sentencias de mis compañeros y el juez que dictó esta es un profesional».
En línea similar, José Manuel Buján, magistrado del TSJA, explicó que «hay una sentencia y cabe recurso contra ella. Un ciudadano puede criticar las sentencias, pero los jueces, no. Tenemos que respetarlas». En cuanto a lo dicho por Valledor, prefirió «no opinar» para evitar crear más polémica sobre la cuestión.
Respaldo sindical
Frente a la prudencia de los juristas, los sindicatos asturianos -con la excepción de UGT, que no quiso pronunciarse sobre el asunto- dieron su total apoyo al consejero de Justicia, con cuyas declaraciones se «sienten plenamente identificados». Las centrales consideran «injusta» la sentencia dictada por el juez Lino Mayo y comparten con Valledor su crítica a la «criminalización» que, a su juicio, «está «sufriendo la protesta social» en Asturias.
CC OO califica de «desatino» que «nadie va a entender» la condena de cárcel contra los dos sindicalistas. Antonio Pino, secretario general del sindicato, considera que la sentencia es «desproporcionada» y, además, crea «un peligroso precedente» en Asturias. Pino condena «firmemente» este tipo de resoluciones que, a su juicio, «lo único que intentan conseguir es tener una clase de trabajadora sumisa y sin libertades».
En este sentido, considera que las «penas severas» suponen un intento de «culpabilizar, demonizar y restar libertades a quienes legítimamente luchan y defienden sus puestos de trabajo y los de otros trabajadores».
En la misma línea se pronuncia el secretario general de USO. Francisco Baragaño confía en que la izquierda asturiana se movilice para «dar respuesta a este atropello» que a su entender es la sentencia de Lino Mayo. Baragaño lamenta que, en los últimos años, «se esté enjuiciando a todos los trabajadores que se han manifestado para defender el sector naval en el Principado».
