Trabajadores de Teleasturias, pero también dirigentes políticos de PP e IU y representantes de colectivos sociales y ciudadanos tomaron ayer literalmente la plaza de la Escandalera en la concentración contra el cierre de la emisora. Más de mil personas exigieron en la calle lo que los dos grupos de la oposición hicieron además en la Junta General y a través de sendas proposiciones no de ley: la restitución de la señal a la cadena o, más exactamente, que el Gobierno regional ordene a Retevisión que se la restituya.
Los trabajadores de Teleasturias recordaban ayer que cerca de 60 personas se quedarán en la calle mientras su propietario, Rodolfo Cachero, hablaba de «decisión política» y «atropello sin precedentes». Mientras tanto, el consejero de Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal, precisaba que el Gobierno «no ha cerrado ninguna emisora». «La cadena -afirmó- ocupa frecuencias que no son suyas» y el Principado «hace lo que tienen que hacer» para ordenar el sector y «no atenta contra la libertad de prensa». Rabanal recordó, en declaraciones a los periodistas realizadas en los pasillos de la Junta, que el Gobierno regional convocó «un concurso cuyo resultado se hizo público semanas atrás en el que esas concesiones y empresas tienen un adjudicatario y en consecuencia las respectivas frecuencias tienen que quedar libres».
El momento más tenso de la mañana se dio, sin embargo, en la calle, con la presencia en la concentración del consejero de Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores. Francisco Javier García Valledor acusó a la «parte socialista» del Gobierno de «deslealtad política» y consideró la decisión sobre el cierre de Teleasturias como «una nueva crisis de Gobierno», pero tuvo que abandonar la plaza escoltado por la Policía tras ser increpado por varios manifestantes.
No le ocurrió lo mismo al presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, que también participó en el acto para calificar la postura del Gobierno del Principado de «censura». Sánchez estuvo acompañado también por diputados nacionales y regionales de su partido, igual que acudieron diputados de IU. Entre los representantes de colectivos ciudadanos se encontraban el presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso y trabajadores de otras empresas actualmente en conflicto.
