La polémica de la instalación de las antenas de telefonía móvil sigue sumando capítulos. El Colectivo Ecologista anunció ayer que ha denunciado ante la Procuradora General del Principado las «irregularidades» que, en su opinión, se han producido en la tramitación de la licencia de traslado de la antena de telefonía móvil de La Estrada a El Fuexo (Molleda).
Los ecologistas consideran que el decreto que aprueba la concesión de la licencia provoca «indefensión a quienes alegamos en contra de este cambio» ya que no se comunicó el acuerdo a los interesados. Además, creen que el decreto vulnera la normativa urbanística de Corvera «que prohíbe tales usos» y reclaman la nulidad del acto «por apartarse manifiestamente del procedimiento». Los ecologistas se refieren a la rectificación de oficio llevada a cabo por la CUOTA a su decisión de denegar la autorización previa. El Colectivo aduce que «las resoluciones administrativas sólo son revisables tras la interposición de los recursos pertinentes». Asimismo,los ecologistas trasladaron a la Procuradora su denuncia del mes de enero referente al inicio de las obras sin contar con licencia municipal.
Por su parte, la USPC volvió a salir ayer al paso de las declaraciones realizadas el día anterior por el portavoz de IU aduciendo que la antena que se instalará en El Fuexo estará más lejos de la Escuela Infantil, del parvulario y de las viviendas que la actual ubicada en La Estrada. «La antena estará a 675 metros en línea recta de la Escuela Infantil. En su actual localización está sólo a 300», afirman en un comunicado. Pese a las críticas que dedica a Enrique Bueno, la USPC se muestra dispuesta a aceptar alguna alternativa «factible» a la instalación de la antena en El Fuexo. «Si la publicitaria propuesta de IU existiera y fuese realista, si fuera viable técnicamente y si los terrenos estuviesen efectivamente disponibles, la USPC aceptaría de buen grado su propuesta de ubicación», señalan.
Por su parte, la Asociación de Vecinos El Conceyu de Las Vegas insistió ayer en sus críticas al alcalde. Sus dirigentes se muestran sorprendidos de que la USPC «utilice ahora los mismos argumentos técnico-jurídicos» que en su día empleó el anterior equipo de gobierno para defender la apertura de la cantera de Molleda, de cuyo rechazo la USPC hizo «bandera política», afirman.
