El Grupo Municipal Izquierda Unida llevará al presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, Serafín Abilio Martínez, ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por la supuesta venta de terrenos en San Claudio y Colloto, que pertenecen al plan de vivienda municipal.
Según afirmó ayer la coalición en rueda de prensa, tiene «pruebas» de que el presidente de los constructores actúa como «juez y parte» en estas operaciones urbanísticas. Dice que aprovechó su condición de presidente de la CAC para disponer de «información privilegiada, incluso antes que los concejales», y así comprar los terrenos y venderlos en los últimos meses, en marzo y abril. «Esto es un pelotazo urbanístico para lucro personal», aseguró el portavoz, Roberto Sánchez Ramos.
IU se remontó años atrás para explicar sus acusaciones. El alcalde, Gabino de Lorenzo, firmó con Abilio Martínez un convenio en enero de 2004 para el desarrollo urbanísticos de 1,2 metros cuadrados de suelo donde aumentaban la recalificación de viviendas unifamiliares y bloques con cinco y seis alturas.
A partir de ahí, recordó la coalición, comenzó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2001 que finalizó el 25 de febrero de 2005. «Un mes después, el propio presidente de los constructores adquiere suelos para desarrollar el plan de vivienda», dijo Sánchez Ramos.
«Hacer caja»
En marzo y abril de 2007, dos años después, «nos encontramos con que quien firma este convenio y hace el desarrollo de estos planes de vivienda hace caja y vende estos terrenos adquiridos en 2005», dijo Miranda.
Con estos datos en la mano, el grupo municipal aseguró que Martínez debería dar explicaciones a las dos administraciones que participan en el plan: al Ayuntamiento -encargado de modificar el planeamiento urbanístico «para favorecer ese pelotazo»- y al Principado. La Administración regional financia las actuaciones para favorecer la construcción de viviendas protegidas destinadas a jóvenes. «¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto con el dinero y el apoyo de la administración?», preguntó el portavoz.
Por este motivo, Sánchez Ramos pidió a ambos ejecutivos que creen una Comisión de Seguimiento y fiscalización de todos ámbitos del plan, «ya que son quienes financian a los promotores».
En opinión de IU, se está utilizando de «pretexto» del plan de vivienda con algún tipo de protección para «ganancia exclusiva del propietario de suelo, quien lo encarece». Estas operaciones justifican, dijo el portavoz, «que los pisos de protección cuesten 23 millones de pesetas. Sería más barato si no hubiera este tipo de trueques».
Tantos los fines como los motivos esgrimidos para desarrollar estas operaciones urbanísticos «son lamentables», concluyeron los concejales.
