EN el tramo final de la campaña electoral está arreciando la coacción a que grupos afines al radicalismo abertzale están sometiendo al conjunto de fuerzas políticas democráticas irrumpiendo en sus mítines y obstaculizando el normal desarrollo de su actividad preelectoral. La provocación no distingue de siglas y si ayer fueron dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en la inauguración de la fiesta de las ikastolas y la candidata del Partido Popular a la alcaldía de San Sebastián, Maria José Usandizaga, objeto de intentos de agresión, en días anteriores el ministro de Justicia Mariano Bermejo o el alcalde y candidato a la alcaldía de Bilbao, Iñaki Azkuna, han visto cómo los provocadores, disfrazados de víctimas, pugnaban por reventar sus actos de campaña.
El doble juego al que se han entregado los boicoteadores abertzales, muchos de ellos claramente identificados como responsables de la ilegalizada Batasuna, refleja un intolerable desprecio a las normas de convivencia democrática y un pulso permanente a la cohesión y fortaleza del Estado de Derecho. Pero su obstinación se hace más irritante, si cabe, en tanto se presenta como una reivindicación de la misma democracia y la limpieza electoral en un doble juego de falso victimismo y uso de la agresión, absolutamente incompatibles con la libertad y las reglas del libre juego de una democracia plural. Reclamar «No al pucherazo» o «Democracia para Euskadi» mientras se acosa y golpea al adversario político es en sí mismo un ejercicio de totalitarismo protagonizado por quienes han disfrutado de todas las garantías y protección de la Justicia y el Estado de Derecho a la hora de presentar sus candidaturas y ha visto admitidas buena parte de ellas pese a las dudas razonables sobre su actitud respecto a la violencia.
Es perentorio, por tanto, para evitar que los últimos días de campaña se vean envueltos en el clima de la violencia difusa y se arrojen sombras sobre la limpieza de los comicios, que el Estado de Derecho arbitre los medios para contener ese ejercicio permanente de chantaje, impunidad y prepotencia. Y a los responsables políticos y judiciales corresponde colaborar sin la mínima fisura en el empeño. Actitudes vacilantes como la reciente del fiscal general del Estado, expresando sus dudas sobre si «nos hemos pasado» o si al final algunas propuestas de anulación «han colado», no son el mejor clima, ni ejemplo, para respaldar el rigor y la necesaria firmeza judicial y policial en la represión de estos brotes de violencia y coacción.
