En 2001, 104 asturianos que entonces tenían entre 14 y 18 años sufrieron algún tipo de condena judicial. Cinco años después, en 2006, la cifra había crecido y era más del doble de la original, hasta llegar a los 238 menores infractores sentenciados a permanecer internados en la Casa Juvenil de Sograndio (30) o a medidas en régimen abierto (208). Estas últimas varían desde la libertad vigilada, a tener que acudir a un centro de día o, la más novedosa, la obligación de realizar prestaciones en beneficio de la comunidad.
Así figura en las estadísticas de la Dirección General de Justicia, departamento que, sin embargo, prefiere ver la botella medio llena que supone el descenso, en los últimos cuatro años, de hasta un 13% en el número de adolescentes implicados en hechos delictivos. De acuerdo con sus cifras, en 2004 fueron 274, mientras el año pasado sólo los ya citados 238.
Ley del Menor
No obstante, son más de un centenar de jóvenes infractores de incremento en un lustro, aunque la explicación a los datos variantes está «en el pico que hubo tras la aprobación de la Ley del Menor», que, destinada a los menores de entre 14 y 17 años, entró en vigor a finales de 2001, apunta la directora general de Justicia, Pilar Jiménez.
La controvertida norma, modificada recientemente con el fin de endurecer las penas para los delitos más graves (los asesinatos), introdujo toda una nueva clasificación legal de los delitos y las faltas cometidas por los adolescentes. El cambio disparó el número de medidas judiciales en Asturias hasta 2003. Ese año, los juzgados de menores llegaron a dictar 685 sentencias (153 de internamiento y 532 de régimen abierto) que, realmente, afectaban a 274 adolescentes, «porque se dieron muchos casos de que un mismo chaval tenía abiertas diferentes causas».
Tras ese pico, la situación «se normalizó en los años siguientes», asegura la directora general de Justicia, hasta bajar a las 426 medidas legales (71 de internamiento y 355 de régimen abierto) firmadas el año pasado. Como algunos cometieron más de una infracción, fueron 238 los adolescentes castigados, la cifra más de la legislatura.
El descenso en los delitos también ha afectado a la gravedad de los mismos, ya que la cifra de adolescentes internados en la Casa Juvenil de Sograndio, el centro de reclusión para menores de Asturias, ha ido también a la baja. Así, el número de ingresos anuales ha bajado desde 2003 y ha pasado de 43 a 30 en 2006. En total, en seis años el centro registró 221 entradas, pero nunca tuvo ocupadas a la vez sus 60 plazas.A día de hoy, son 30 los adolescentes que reciben formación en Sograndio, puesto que el centro no es sólo de internamiento, sino que ofrece formación laboral para todos los adolescentes que pasan por las instalaciones.
Un chico de 16 años
Y ese es, precisamente, el único pero que pone Pilar Jiménez a los datos judiciales de los menores asturianos en los últimos cuatro años. En su opinión, la asignatura pendiente del sistema es «la integración laboral de los chavales. Lo hemos intentado, pero nos han fallado los mecanismos e, incluso, los convenios».
Soldadores, albañiles, pintores y carpinteros salidos de Sograndio no acaban de encontrar trabajo, «cuando el sector de la construcción crece cada año en Asturias». El masculino utilizado al enumerar las categorías laborales no es casual, ya que el perfil del menor infractor asturiano corresponde, según explica Jiménez, a «un chico, de 16 años, procedente de una familia desestructurada».
Desde Justicia se fomenta la integración no sólo con los cursos, sino que la preponderancia «de las medidas alternativas al internamiento y, sobre todo, las soluciones extrajudiciales». Sólo el año pasado las primeras, que pasan por las ya mencionadas de acudir a centros de día o realizar tareas a beneficio de la comunidad (limpiar la pared manchada, por ejemplo), quintuplicaron a los encierros. En cuanto a los acuerdos fuera del juzgado, pasaron de los 38 en 2004, año en el que Asturias puso en marcha esa medida, a las 73 del año pasado.
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