La defensa de los sindicalistas Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que se vulneró el derecho de sus clientes a un juicio justo a lo largo de la tramitación del procedimiento judicial que se siguió por destrozos causados en el mobiliario urbano durante una de las movilizaciones de Naval Gijón. Carnero y Morala ingresaron anteayer en la cárcel de Villabona para cumplir una condena de tres años.
Juan Mariano Prieto, uno de los abogados de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), se hará cargo de la defensa de los dos sindicalistas y, según explicó ayer, tras visitarles en la prisión, «presentaremos el recurso de amparo antes del 25 de junio».
El instrumento legal se basará en una supuesta vulneración del artículo 24 de la Constitución, que regula el derecho de todo ciudadano a un juicio justo y que no cause indefensión. Una vez que la justicia decida si lo admite o no a trámite, la decisión, de la que depende una eventual suspensión de la condena, podría demorarse varios meses.
La resolución de la petición de amparo podría solaparse con la presentación de un indulto por parte de «los penados, sus parientes o cualquier persona en su nombre», según la ley de 1970 que lo regula, donde se especifica que «su solicitud no suspende el cumplimiento de la sentencia ejecutoria».
Favorables al indulto
Tanto Izquierda Unida como el Ayuntamiento de Gijón valoraron ayer esta opción. La coalición aseguró que «impulsará una campaña para solicitar el indulto si la sentencia condenatoria alcanza firmeza en el Tribunal Constitucional» y añade que la situación obedece a la modificación del Código Penal, «que criminaliza prácticas reivindicativas habituales en las luchas de los trabajadores». Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, reiteró ayer, en su primer acto como regidora, que «nos sumaríamos con un informe positivo al indulto, pero éste lo tienen que aceptar los afectados».
En su opinión, la defensa de Cándido y Morala podría argumentar que los destrozos «se hicieron en la defensa sindical de unos puestos de trabajo». «Si piden un indulto nosotros lo apoyaremos, no podemos hacer más», destacó Fernández Felgueroso tras lamentar que «se acuse al Ayuntamiento, que no es responsable en absoluto de este asunto desgraciado». La alcaldesa hizo alusión al hecho de que «es la primera vez que se aplica en Asturias el Código Penal de 2001, que incluyó estas penas para castigar la 'kale borroka', un trasfondo diferente al que nos ocupa».
Las muestras de apoyo a los dos sindicalistas han sido constantes desde su detención a última hora de la tarde del pasado sábado. Ayer, decenas de personas se sumaron a una improvisada caravana de vehículos en apoyo de los sindicalistas que partió desde el Ayuntamiento de Gijón y que, tras recorrer las principales calles de la ciudad, terminó en las inmediaciones de la cárcel de Villabona. Los manifestantes se concentraron durante más de un hora y media en la carretera de acceso al centro penitenciario al serles impedido el paso por efectivos de la Guardia Civil, que desplegaron un amplio operativo de seguridad. Durante la concentración hubo infinidad de consignas de apoyo a los sindicalistas y gritos para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Antonio Trevín.
