De «racistas» calificó ayer el abogado Alfredo García los despidos de más de 40 trabajadores africanos, empleados por una de las empresas subcontratadas por la Unión Temporal de Empresas Dique Torres que se encarga de la ferralla de los cajones que construye el buque 'Tarifa Primero' en la ampliación de El Musel.
Los trabajadores afectados son saharauis, marroquíes, mauritanos, argelinos y senegaleses. ¿La justificación del despido? Según explicó Alfredo García, solicitar descansos y vacaciones, que les fueron rechazados. El problema, según explicaron fuentes laborales, viene de lejos, ya que el personal de esta empresa trabajaba a turnos de doce horas con el único descanso del tiempo que se tardaba en sacar del buque un cajón construido. Un acuerdo alcanzado en abril, tras protagonizar los ferrallistas un plante en el que exigían mejoras económicas y laborales, establecía que los empleados seguirían trabajando a turnos de doce horas, pero con cinco días de descanso tras diez trabajados. Hace un par de meses, la empresa rompió ese acuerdo «de forma unilateral».
Los trabajadores volvieron a parar y plantearon de nuevo sus exigencias a la empresa el pasado viernes y como consecuencia de ello, dicen, «comenzaron a llegar las cartas de despido». Alguno de ellos relató ayer los «malos modos» con los que los responsables se dirigieron a ellos. Según explicó otro afectado, «cuando les expusimos nuestras reivindicaciones, el capataz nos dijo que los moros recién llegados de la patera le pedían derechos. También nos sancionaban con 100 euros si no llevábamos el carné de identidad encima. Es un maltrato claro».
Adeudo de dinero
Los trabajadores también se quejan de que parte de su sueldo -casi la mitad- «se paga en dinero negro, fuera de la nómina», y aseguran que «sabíamos que era un fraude, pero no nos atrevíamos a decir nada». Además, también apuntan que la empresa les adeuda diferentes cantidades.
La empresa, tal y como había publicado EL COMERCIO, considera que la protesta supone una falta muy grave ya que se trata de una huelga ilegal. Los trabajadores rechazan esta interpretación, ya que aseguran que nunca abandonaron su puesto de trabajo y que lo que hicieron fue «reclamar nuestros derechos al empresario». Después, la Policía Portuaria les negó el acceso a las instalaciones.
El abogado Alfredo García se reunió ayer con los afectados en un parque cercano a la playa de El Arbeyal, ya que tienen prohibido el acceso a las instalaciones portuarias. Tras el encuentro resaltó que «se trata de un despido de un colectivo de la misma empresa, todos extranjeros y con la misma cualificación profesional». Tras escuchar a sus patrocinados, calificó el hecho como de «racismo», por lo que planteará ante las instancias judiciales la nulidad de los despidos, con el fin de que se les pague todo el tiempo desde que fueron despedidos y se les readmita en sus puestos de trabajo.
El letrado ha comenzado ya a recoger toda la documentación relativa a la relación laboral de los afectados con la empresa con el fin de presentar las correspondientes demandas. Las más apremiantes son por los despidos, para lo que hay un plazo de 20 días.
