LA cartografía que realiza la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) sobre las riberas de los ríos asturianos apunta hacia unas conclusiones inquietantes, al detectar que muchas de las construcciones levantadas en los últimos años están ubicadas en áreas que tienen un alto riesgo de inundación. El trabajo de CHC todavía no está concluido, pero ha detectado un mínimo de 4.000 inmuebles construidos en zonas susceptibles de ser anegadas por las crecidas de los ríos.

El problema se extiende por toda la geografía regional, prueba de ello es que la mayor parte de las cuencas fluviales tienen urbanizado un 20% de sus áreas inundables. La situación potencialmente más peligrosa se presenta en la cuenca del Nalón, donde casas y polígonos industriales están asentados en el 40% del área susceptible de ser invadida por las aguas cuando se desborda el río.

Es habitual que las políticas públicas de prevención, de todo signo, se desarrollen con posterioridad a hechos traumáticos, y no al revés, como sería deseable. La concienciación aumenta cuando suceden las desgracias. A partir de ahí se da prioridad a la prevención de peligros que estaban infravalorados y se cambian reglamentaciones y se asignan recursos públicos. Entres los años 1998 y 2002 se produjeron inundaciones catastróficas en los países centro-europeos, destacando los desbordamientos de los ríos Danubio y Elba en el verano del año 2002. En conjunto, en esos cuatro años, hubo más de cien inundaciones, con un balance desolador: 700 víctimas mortales, 25.000 millones de euros de pérdidas por daños materiales y medio millón de personas quedaron sin hogar.

Tras estos hechos, la Comisión Europea propuso un programa de prevención y protección ante posibles inundaciones. La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la gestión de los riesgos de inundación, prevé que se cartografíen todas las cuencas fluviales, y que se acometan planes de actuación, antes del año 2013, en todas las regiones en que el peligro sea elevado. El trabajo de la CHN responde a esta directiva.

Por los datos que tiene CHN en su poder, en Asturias, desde principios del siglo XVI, hay una inundación cada siete años de media, aunque en periodos concretos la frecuencia es muy cambiante. De grandes dimensiones hay una o dos crecidas cada siglo. La exposición ante el desbordamiento de las aguas es muy superior ahora a la que acontecía en el pasado, porque se ha construido en la vega de los ríos. La orografía asturiana es muy complicada, y en zonas como los valles mineros es muy difícil encontrar superficies suficientemente extensas para construir polígonos industriales o urbanizaciones que estén alejadas de los ríos. La presión para captar inversiones empresariales y para construir viviendas ha hecho que los ayuntamientos facilitasen suelo para urbanizar en zonas que pueden ser ocupadas por las aguas.

Junto a la urbanización en zonas inundables se han llevado a cabo otras actuaciones en los ríos que multiplican los efectos destructores de las grandes avenidas de agua. Algunos ayuntamientos han ordenado canalizaciones que concentran el caudal y aceleran el paso de las aguas, provocando la subida de nivel del río en pocos minutos cuando se producen lluvias torrenciales. Otro tanto cabe decir de la construcción de algunos puentes, que embalsan el agua en las crecidas, provocando al derrumbarse un fenómeno parecido al de las presas rotas.

En una comunidad autónoma como la asturiana, en que se debate tanto sobre la ordenación del territorio, con interminables discusiones sobre la conveniencia de instalar infraestructuras de suministro o de transporte, resulta chocante que no haya unas directrices regionales que prevengan de forma clara ante el efecto del desbordamiento de los ríos. Las actuaciones municipales, empezando por los planes generales de urbanismo, tendrían una menor discrecionalidad en esta materia, si existiesen unas normas superiores que preservaran de urbanizaciones a las zonas inundables. Tampoco resulta de recibo la capacidad de los distintos ayuntamientos para actuar sobre el cauce de los ríos, alterándolos en función de aprovechamientos concretos en algunas áreas, sin tener en cuenta los efectos que pueden provocar ante las avenidas de agua.

Los distintos escenarios previstos por los científicos que estudian el cambio climático coinciden en pronosticar que la pluviosidad decrecerá en las regiones del Cantábrico, un cambio que vendrá acompañado de un incremento de las temperaturas, de tal forma que las precipitaciones serán más escasas, pero mucho más intensas. La mayor concentración de agua por unidades de espacio y tiempo provocará mayores inundaciones que las conocidas en el pasado. Ante esta previsión es preciso que el Principado tome cartas en el asunto, para evitar la construcción de nuevas urbanizaciones en las riberas de los ríos, así como realizar planes de emergencia para el 2% de los inmuebles asturianos que se encuentran ubicados en zonas inundables. Es preciso realizar una gestión integral y coordinada de los ríos para mitigar los efectos de unas inundaciones de las que sólo desconocemos la fecha, porque inexorablemente acabarán sucediendo. Asturias no puede estar tan expuesta al peligro de las inundaciones.