E l funcionamiento de nuestro sistema judicial, aquejado de evidentes carencias, no merece los descalificativos de desastroso o caótico que se le vienen dedicando. La anticuada organización judicial y los limitados recursos personales y materiales son superados día a día por el sobreesfuerzo que realizan la mayoría de los jueces, dotados de una gran preparación técnica y reclutados conforme a un exigente proceso de selección. Gracias a dicho esfuerzo y al del resto del personal, los tribunales resuelven cada año ocho millones de asuntos con tiempos manifiestamente inferiores a los de países de nuestro entorno en los que la proporción de jueces por número de habitantes es muy superior a la nuestra. Y ningún colectivo de servidores públicos está sometido a un régimen de responsabilidades tan riguroso.
La Justicia precisa de urgentes reformas, tal y como reclamó el anterior Consejo General del Poder Judicial; basta comparar las tecnologías de que disponemos con las que son empleadas en la Administración Tributaria, en los bancos o en la gestión de billetes aéreos. Junto a ello, no es una cuestión menor la escasa valoración que el funcionamiento del sistema judicial merece en muchos sectores. Pero lo que no es aceptable es aprovecharse del lamentable error producido en el 'caso Mari Luz', que ha sido corregido por el CGPJ con una sanción en la que se ha aplicado la ley con objetividad y sin buscar el aplauso fácil, para eludir las propias responsabilidades. En estos años, el Gobierno no ha puesto en marcha ninguna de las reformas pendientes: en especial, el desarrollo del nuevo modelo de oficina judicial, la modernización e incorporación de nuevas tecnologías y la conexión entre los sistemas de información de las 17 autonomías, mientras sí se ha empleado en debates ajenos a los intereses generales como el de los consejos autonómicos o la Justicia de proximidad.
Sabemos que la Justicia nunca ha sido una prioridad para nuestros gobiernos: por ello, jueces y magistrados, un colectivo cada día más desmotivado, en una reacción espontánea de autodefensa, han dicho basta ya. Se trata de que cada cual asuma sus propias responsabilidades, sin chivos expiatorios, sin cortinas de humo y sin demagogia. Y sólo con el compromiso sincero de todos, con la vista puesta en las necesidades de los ciudadanos, será posible restaurar la confianza en nuestro sistema judicial.
