Oviedo
«No se puede hacer una
imputación genérica, la
denuncia hay que concretarla
más», señala Herrero
Una competición de doma en el centro ecuestre municipal. / E. C.
El fiscal provincial no ve clara la supuesta relación entre la yeguada familiar del alcalde y el Centro Ecuestre El Asturcón, que Gabino de Lorenzo decidió construir un año después de fundar su negocio ganadero: «No se puede hacer una imputación así, genérica; la denuncia hay que concretarla más».
Gerardo Herrero mostró sus reticencias al enfoque denunciado por ASCIZ durante una entrevista concedida a este diario. Tras reclamar en agosto una investigación sobre la Yeguada Picos de Europa, S. L. -que el regidor constituyó en 1998, cedió a sus hijos y no mencionó en su declaración patrimonial de este año-, el concejal Roberto Sánchez Ramos añadió una adenda hace una semana a la investigación ya abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Entre otros asuntos, Ramos pedía a Herrero que contrastase la lista de propietarios de caballos estabulados en el hípico municipal, por ser «contratistas habituales del Ayuntamiento» a los que, según sostiene, el alcalde les vendió animales de pura raza española.
Para Herrero, «no se puede decir 'investigue El Asturcón'. ¿Desde qué año? ¿A cuántos socios? Investigar esto es muy complejo. Si señalara personas concretas y un delito, podríamos dirigirla, pero una cosa tan genérica...»
No sólo eso. También destacó que la segunda solicitud de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda modifica el objeto inicial de la investigación: «Aquí hablamos de cómo se conceden los contratos y los servicios públicos. No tiene que ver con el patrimonio del alcalde ni con la yeguada, aunque se intente ahora hacer un nexo de unión».
Delitos fiscales
Como ya avanzó hace dos días, Herrero aguarda los datos solicitados a Hacienda sobre el alcalde y la yeguada para emitir una resolución definitiva. En la entrevista reiteró que si el matrimonio De Lorenzo donó a sus hijos el criadero, el regidor no estaba obligado a declararlo ahora al presentar ante el Ayuntamiento su patrimonio: «Si no era suyo, no tenía por qué declararlo».
Habría un delito fiscal de no haber registrado la transmisión, pero «es Hacienda quien debe comprobarlo. Y podría haber prescrito: la administración tiene cuatro años para inspeccionar y luego cinco para dar cuenta de irregularidades». En el caso de existir alguna, «yo tendré que ver si hay elementos para acusar y ver si hay cuantía de delito, porque para eso hace falta que sobrepase los 20 millones de pesetas (120.000 euros)».
No obstante, aunque el primer edil no tenga por qué reconocer réditos de un negocio donde no figura como titular, «hay que ver quién los declara y demostrar dónde van esos rendimientos». Esto es, su hijo y tocayo, que dirige actualmente la yeguada tras comprarle su parte a su hermano y cuya mujer, nuera del alcalde, hace las veces de administradora única del comercio instalado en Benia de Onís.
