A CABA de darse a conocer un estudio llevado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios acerca de la viabilidad de los menores para acceder a la compra de bebidas alcohólicas, concretamente de cerveza y güisqui, en distintas ciudades españolas. En el informe no entra Asturias, ya que en esta región, a partir de los dieciséis años, se permite la adquisición y, aunque la ley lo prohíba en el resto, el resultado del informe no deja lugar a dudas en cuanto a la facilidad para comprar y, por tanto, para emborracharse si lo desean, sin cortapisas.
Desde Valencia, donde nueve de cada diez locales venden alcohol a menores, pasando por Barcelona, Granada, Madrid, Bilbao y Valladolid, que fueron las ciudades en las que se realizó la investigación, el güisqui puede comprarse en el 67% de las ocasiones y la cerveza, en un 81%. También se señala en el informe que los carteles de «Prohibida la venta de alcohol a menores», obligatorios en los establecimientos, o no estaban visibles o directamente no existían. Seguramente, habrá un buen número de personas e instituciones que pondrán el grito en el cielo al conocer estos datos. Lo harán unas desde la honestidad y otras desde la hipocresía, pero, en todo caso, llueve sobre mojado sobre este asunto y, como la propia OCU recuerda en el informe, está pendiente de aprobar una ley paralizada por «presiones económicas» en el año 2006.
Muy raro es el fin de semana en que no ocurran incidentes en los que están implicados menores. Según la gravedad de los mismos, aparecerán en los medios de comunicación, pero casi nunca se hablará de los lugares en los que ocurren los altercados, aunque sea en esos locales donde se les haya vendido la bebida. Quizás por ello resulta muy difícil de comprender que esta constatación de la realidad que lleva a cabo la Organización de Consumidores no puedan realizarla las distintas policías locales o la propia policía nacional, y se sancione como se merece a los propietarios de establecimientos para quienes todo vale con tal de hacer caja.
Constantemente, se escuchan lamentos de todo tipo de los profesionales de la hostelería, pero no estaría de más que, en este caso, ellos mismos se preocupasen de que los menores no accedan al alcohol y que cuando surjan los problemas no miren para otro lado como si no tuviesen nada que ver.
No parece que aumentar el precio de las bebidas sea una solución, como apunta la OCU. Lo que se trata es de que los ayuntamientos no se escuden en la libertad y los derechos de los jóvenes para eludir su responsabilidad, que no es otra que tomar decisiones necesarias aunque resulten impopulares, como puede ser el cierre de establecimientos.
