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AVILÉS - GIJÓN - OVIEDO | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Sábado, 11 febrero 2012

Gijón

GIJÓN

Aunque hubiera cometido alguna irregularidad en su intervención en el plan de Cabueñes habría prescrito
Deja en suspenso el expediente disciplinario abierto al ex arquitecto jefe a la espera de una resolución judicial

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El Ayuntamiento sostiene que Ovidio Blanco no incurrió en «ninguna incompatibilidad»
Morales, Teixidor, Sanjurjo y Ovidio Blanco, en octubre de 2003, con los primeros diseños del PGOU. / JOAQUÍN BILBAO
El Ayuntamiento de Gijón ha finalizado, al menos por el momento, su investigación interna sobre todo lo relacionado con el caso del ex arquitecto jefe municipal, Ovidio Blanco. En el mes de marzo, tan sólo unos pocos días después de que estallara la polémica, el equipo de gobierno anunció la apertura de un expediente disciplinario cuyas conclusiones se acaban de conocer ahora. Lo más importante: con la información que hay hasta ahora, no hay motivo para sancionar al funcionario en excedencia.
Y esto es así, explicó ayer el concejal de Coordinación Administrativa y Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, porque durante la instrucción del expediente no se ha encontrado que Blanco incurriera en «ninguna incompatibilidad». Al conocerse, en el mes de marzo, que éste había obtenido un beneficio de unos 600.000 euros con la venta de una parcela de Cabueñes incluida en las nuevas bolsas de suelo del Plan General de Ordenación Urbana, surgió la duda sobre las actuaciones el ex arquitecto jefe dentro y fuera del Ayuntamiento. Porque, además, un tiempo después de solicitar la excedencia voluntaria, el propio Blanco se puso al frente del diseño del plan especial de Cabueñes, en el que está incluida la parcela objeto de la polémica.
Blanco también había participado en la tasación de las fincas de Roces que fueron expropiadas por Sogepsa para el desarrollo del área residencial de la zona. Por todo ello, surgió la duda de si el ex arquitecto jefe podría haber incurrido en algún tipo de incompatibilidad. Pero ahora el Ayuntamiento ha concluido que no fue así. Y no lo fue porque su periodo de excedencia comenzó el 1 de enero de 2004 y todos los funcionarios deben cumplir un plazo de dos años en los que no tienen que trabajar en nada relacionado con las que habían sido sus funciones en la Administración Pública. Ese periodo, para Blanco, acabó el 1 de enero de 2006. Y el ex arquitecto jefe firmó el plan especial de Cabueñes en el año 2008. Por lo tanto, «no consta ningún tipo de documentación ni actuaciones en ese periodo de Blanco para el Ayuntamiento. Así que no habría incurrido en ninguna incompatibilidad».
Pero aún hay que sumar otra cuestión. Y es que, aún en el caso de que sí se hubiera dado una irregularidad, ésta habría prescrito. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, hay un periodo máximo de vigencia de tres años, en el caso de haber cometido una falta muy grave. Una posible incompatibilidad habría supuesto esa sanción. De haberse producido la irregularidad, para ser tenida en cuenta tendría que haber ocurrido antes del 1 de enero de 2006, fecha en la que finalizó para Blanco la obligación de no participar en asuntos relacionados con el urbanismo gijonés en cuyo planeamiento él hubiera participado como funcionario. Desde entonces han pasado más de tres años. Es decir, el tiempo para poder llevar a cabo una posible sanción acabó el 1 de enero de 2009.
En manos de la Fiscalía
El expediente disciplinario abierto queda ahora en suspenso, a la espera de que la Fiscalía se posicione. Según explicó Martínez Argüelles, la tramitación administrativa no queda cerrada, sino suspendida, porque «debe resolverse la situación penal para saber si, como consecuencia de eso, se desprende alguna actuación administrativa y debiera ser sancionado». En caso de que finalmente el procedimiento judicial concluyera que Ovidio Blanco sí cometió delito, éste podría incluso «ser apartado del cuerpo de funcionarios».
La figura de la suspensión de un expediente disciplinario está contemplada en la ley y, a partir de ahora, los plazos quedan interrumpidos. La tramitación, en principio, debería haber finalizado el 20 de abril y, a eso, se añadió después otro mes. La Fiscalía ni siquiera ha decidido aún si presentará denuncia o archivará el caso y el expediente municipal «se cerrará cuando haya resolución judicial», algo que aún puede tardar mucho.

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