La sentencia del TSJA no obliga a los 14.000 empleados públicos a devolver los alrededor de 51 millones que han percibido en los últimos dos años en base a una resolución ahora anulada. Sin embargo, según diversos expertos en Derecho Administrativo, existen varias vías que pueden acabar obligando una devolución que ya se ha ordenado, por causas similares, en el Ayuntamiento de Siero.
El camino vendría alejado de los tribunales. Las partes en conflicto han renunciado a recurrir el fallo del TSJA, impidiendo así que los jueces aclaren este punto en una nueva sentencia. Pero existen dos órganos encargados de fiscalizar el uso del dinero público: la Sindicatura de Cuentas del Principado, y el Tribunal de Cuentas estatal.
La primera sólo investiga lo que marca una programación que todos los años elabora su consejo. «En la lista de este año no hay ninguna causa que en principio lleve a los síndicos hasta temas relacionados con esta sentencia», asegura el portavoz de la Sindicatura. Otra cuestión serán las investigaciones que aprueben para 2010.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, tiene reservada en exclusiva la jurisdicción contable, y puede actuar de oficio o mediante una solicitud previa. Cualquier ciudadano está facultado para sugerirla «si cree que ha sido testigo de un acto ilícito por parte de la Administración», aclara Juan Velarde, consejero del Tribunal.
