PEDRO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
«La gente prefiere cobrar una paga y estar en su casa que ir a un centro de
día. Es algo cultural, pero cambiará»
Pedro Rodríguez, en su despacho. / JESÚS DÍAZ
Al director general de Servicios y Prestaciones Sociales del Principado, el máximo responsable de la aplicación de la Ley de la Dependencia en Asturias, el gijonés Pedro Rodríguez, no le resulta fácil hablar de los 3.800 asturianos que han fallecido esperando una ayuda, más del 13% del total de solicitantes. El dato sitúa al Principado como la comunidad en la que más potenciales beneficiarios han muerto en el proceso. Después de postergar la respuesta un par de veces, dice que entiende «la frustración de sus familias y de los profesionales» y que, en esa lista negra, «también están incluidas las personas que se trasladan a otras comunidades autónomas o que renuncian a la prestación, además de los expedientes que, por error, ha duplicado el sistema».
-No parece que esos porcentajes sean muy relevantes.
-No lo son, pero sí el hecho de que muchas de las personas que cursan su solicitud tengan más de 80 años. Por eso las tasas de mortalidad son tan elevadas. Por eso fallecen tantas personas esperando.
-¿La cifra no tiene nada que ver con los tiempos de espera y con que los equipos de valoración no tengan suficiente personal?
-Los tiempos son excesivos. Tenemos un nivel de atraso importante. Y las colas van a durar. Por eso este segundo semestre vamos a poner en marcha un plan de choque que permitirá contratar más personal y que acabará con el colapso a final de año. Sus efectos empezarán a notarse este mismo verano. Prevemos reducir los plazos de espera de un año a seis meses.
-¿Significa eso que las 5.888 personas que esperan su Plan Individualizado de Atención lo tendrán como muy tarde en diciembre?
-Así es. La progresión es de unos 500 emitidos cada mes.
-Un plan que puede fallar si falta presupuesto, ha alertado ya usted.
-Nos preocupa mucho el desarrollo de las negociaciones sobre el acuerdo de financiación autonómica. Si no hay un buen acuerdo, se abrirá una brecha social entre comunidades autónomas. Todo va a depender de las prioridades de cada una. Por eso Asturias debe dar prioridad a lo social.
-Da la impresión de que ya hay 17 sistemas diferentes y de que la suerte cambia en función de la comunidad de residencia.
-Ya hay diferencias territoriales muy fuertes y es cierto que todavía hay muchas cosas que hay que perfilar, pero la ley tiene un periodo de puesta en marcha de siete u ocho años y sólo llevamos dos.
-Una prueba es la información desigual que llega al ministerio.
-Lo que ocurre es que hay comunidades que trabajan con el sistema informático nacional, como nosotros, y otras, las más grandes, tienen su propio método de gestión. Pero es que ni siquiera las comunidades que trabajamos con el sistema del ministerio lo hacemos con los mismos criterios.
-El Gobierno central se comprometió a financiar la ley al 50% y sólo aporta tres de cada diez euros del coste de atención. ¿Cuánto adeuda ya Madrid al Principado? El último dato hablaba de cinco millones de euros.
-Es una cifra muy difícil de cuantificar, pero es un desfase que va a resultar creciente. Este año, la aportación por cada persona atendida fue de 263,93 euros.
Riesgo de quiebra
-En todo caso, advirtió usted que si no aumentaban los fondos, el sistema quebraría en 2010.
-No fue exactamente así.
-¿Ha moderado su discurso como socio de Gobierno del PSOE?
-En absoluto. Puedo ser muy crítico, incluso con nosotros mismos.
-¿Peligra la sostenibilidad del sistema, sí o no? ¿Mantiene lo dicho?
-Si hablamos de dependencia, ningún recurso es suficiente, pero este año tenemos un presupuesto razonable para atender a la población. Sí que prevemos que todo se complique mucho en 2011 y 2012, cuando se convertirán en beneficiarias las personas con una discapacidad ligera, lo que generará tensiones políticas, y a medio plazo, porque en Asturias, debido al envejecimiento, duplicaremos en cinco años la población atendida.
-¿Qué pasará si esos fondos finalmente se quedan cortos?
-Que habría que restringir gastos en otras áreas. Lo que no existe es la posibilidad de detener la aplicación de la ley.
-El Partido Popular propone que se ralentice el proceso hasta 2014 para conseguir homogeneizar el sistema. ¿Qué responde?
-El PP está instalado en la hipocresía y demuestra que sólo se preocupa de los más débiles cuando está en la oposición. Y por eso las comunidades de la derecha están poniendo muchas trabas a la aplicación de la ley. Quieren ralentizar las políticas sociales.
-Algo que les afean es que hayan emprendido un reparto masivo de pagas a los familiares en lugar de dar prioridad a los servicios.
-La ley da derecho a elegir entre servicios y prestaciones y lo que demanda la mayoría es una prestación de cuidador familiar que, por otra parte, no se aprueba en todos los casos.
-Se da la paradoja que, entre tanta demanda de recursos, los centros de día no se llenan.
-No es ninguna novedad. No conozco ninguno que se llenase de forma inmediata en el momento de su creación. La gente prefiere cobrar una paga y estar en su casa con cuidadores familiares que ir a un centro de día. Es cultural, pero cambiará. No sabemos cuánto va a durar, pero va a ser transitorio. Habrá una deriva progresiva hacia los servicios altamente profesionalizados. Entre otras cosas, porque los cuidadores familiares, en su mayor parte mujeres, cada vez estarán menos disponibles.
