H AY una tendencia que designa los tribunales de ámbito internacional por la población donde se sitúa el órgano. Así se habla del Tribunal de Luxemburgo, de la Haya, o el que ahora nos ocupa, de Estrasburgo. Este foro es el encargado de dirimir las cuestiones planteadas acerca del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su valor es sobre todo testimonial, pero de gran relevancia. No en vano su sentencia en el caso Marckx produjo la reforma completa del Derecho de Filiación en Bélgica. Por ello se considera en Latinoamérica que tiene una entidad jurídica práctica que no responde a los hechos. Con todo, en el ámbito de mi disciplina, el Derecho Civil, ha producido una doctrina de interés enorme para muchos campos, como el de la filiación y matrimonio, la transexualidad, la intimidad, etcétera. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que así se denomina oficialmente, supone un último recurso que salve la cara contra medidas que comporten vulneraciones de derechos humanos y que acaso la coyuntura nacional impida su efectiva consideración. Recientemente, ha dictado una sentencia en el caso del ex juez Gómez de Liaño que constituye un varapalo en toda regla para el modo en que actuó en su caso la Justicia española. Posiblemente, su reflejo práctico sea escaso, pero en el Derecho es más importante el «fuero que el huevo». Ni contarles quiero las expectativas que tienen, a mi juicio con argumentos poderosos, los objetores a Educación para la Ciudadanía en este recurso.

Por eso, la instancia de Estrasburgo es alegada de forma constante por quienes se ven perseguidos por iniciativas legales en la esfera interna de los Estados. La boca de los batasunos y adláteres se llenó por completo con la ciudad centroeuropea contra la Ley de Partidos. Incluso la política timorata de muchos dirigentes socialistas, conocidos ministros de Justicia e Interior incluidos, encuentra justificación en los pavores que sentían ante un hipotético reproche del tribunal por oponerse a las libertades de asociación y participación política las disposiciones que decidieron el destino de las formaciones partidistas filoetarras. Es más llamativo que los dirigentes peneuvistas y de la esquerra se acogieran al fantasma de Estrasburgo regodeándose con una posible sentencia contraria, y que ahora escurren el bulto de forma cobarde cuando los vientos no les resultan tan propicios como nos prometieron con no escaso revanchismo insolidario. El colmo es que no pocas veces el Tribunal Constitucional haya mostrado muchas reservas en este punto, como prueba el hecho de su tolerancia con la Candidatura Internacionalista en las últimas elecciones europeas, que sólo sirvió para escarnio y burla de los radicales emboscados en sus listas, que hasta expresaron en términos futbolísticos el gol que le habían metido al Estado de derecho español.

El fallo se ha producido y no puede ser más incontestable, máxime si se produce por unanimidad, lo que constituye una excepción en dicha instancia por la enorme independencia ideológica que muestran sus componentes. En su contenido se aduce a favor de la ley española que constituye una medida proporcionada y de necesidad social imperiosa como elemento de defensa de la sociedad ante las agresiones terroristas y su amparo gracias a formaciones políticas que les apoyan. El alivio que se ha hecho sentir en la clase política dirigente ha sido de aúpa. Incluso se han sumado a esta línea más apaciguadora destacados protagonistas del debate social acerca del asunto. Resulta muy llamativa la rectificación de Gabilondo, que reconoce los frutos de la política contraterrorista de Aznar frente a sus primeras críticas acerbas a la Ley de Partidos. Ahora reconoce agotado el camino de la negociación política como final del atolladero vasco, sustituido por las medidas jurídicas y policiales. También me sorprende la llamada de Garzón a Mayor Oreja felicitándole por el resultado. Ambos, Baltasar e Iñaki, fueron paladines en el periodismo y en la judicatura de la tendencia permisiva y ahora parecen caer del guindo. Bienvenidos.

L a sentencia permite a mi juicio abordar en serio el cierre del sistema y proceder a sanearlo de forma profunda de la semilla etarra. El espaldarazo del Tribunal de Estrasburgo respalda medidas como la disolución de los ayuntamientos regidos por ANV. La reacción de Otegui y sus cómplices ha sido el mejor síntoma de que las cosas están cambiando. Mientras se mantuvo su esperanza, el Tribunal Europeo era una especie de maravillosa instancia de justicia, convertida hoy en un engranaje más en el escenario de la sedicente persecución política. Cuánto han aprendido de formaciones nacionalistas más moderadas el insoportable victimismo de quienes, a falta de razón, no carecen de resentimiento revanchista. Aún estamos en duelo por el vil asesinato de Eduardo Puelles, que ha concitado la reacción de unidad democrática e institucional que parecíamos haber olvidado. Aprovechemos el momento. 'Carpe diem', como decía Horacio.