E L Partido Popular lleva una temporada metido en líos de bulto, viendo cómo algunos de sus dirigentes y militantes andan de juzgado en juzgado, pernoctan en calabozos malolientes y viendo amenazada su libertad si, como se cree, la Justicia acaba probando sospechas de deslices delictivos y promulgando las correspondientes sentencias condenatorias. Hay que respetar la presunción de inocencia de todos ellos y, por supuesto, del propio partido que les cobija y ampara, pero son muchos los indicios que se van conociendo y muchas las decisiones judiciales inculpatorias que se van incorporando a los procesos como para no pensar que la alarma social creada no acabe en condenas firmes y como trasfondo de todas en una imagen de corruptelas políticas graves y bochornosas.
El 'caso Gürtel', nombre que responde a la traducción al alemán del apellido Correa, del principal acusado, tiene al primer partido de la oposición metido en un buen lío. Aunque existe la creencia fundada de que los escándalos de corrupción de sus líderes son mejor aceptados por los votantes conservadores que por los militantes de izquierdas -y de hecho acaban de demostrarlo las elecciones europeas-, también parece bastante evidente que una situación como la actual, no puede favorecer a quienes aspiran a gobernar y para conseguirlo necesitan la convicción pública de que cuando lo logren lo harán con eficacia y honradez; una honradez difícil de esperar cuando ahora algunos de los suyos mantienen y avalan tantas dudas.
La crisis económica, a pesar de su amplitud universal y de no ser atribuible al Gobierno socialista, al que atrapó en medio del derrumbe del sistema financiero internacional, lo está revelando como no podría ser de otro modo. Pocos gobiernos actuales, sean de la orientación que sean, sobrevivirán a esta situación cuando haya sido superada. Alguno ya ha caído y otros están en las cuerdas. Pero en España, el desgaste sufrido por Rodríguez Zapatero ha sido más ligero, lo cual es atribuible, en buena medida, a la escasa capacidad que desde el laberinto en que se halla metido demuestra el principal partido de la oposición para crear las esperanzas e ilusiones que suelen preceder a una victoria en las urnas. La impresión que cunde no es tanto que el PP esté en un lío, sino que no está sabiendo o no está queriendo reaccionar con pragmatismo y lógica.
Antes al contrario. Hasta ahora se está limitando a negar las acusaciones que pesan sobre algunos de sus dirigentes y eso que varios ya han abandonado sus cargos y están procesados e incluso detenidos. Mariano Rajoy, el presidente, se mantiene firme en esta postura que para muchos es políticamente suicida. Quizás sea correcto confiar en sus personas afines y defender su inocencia, pero no tanto como para mantenerlos en sus puestos, como está ocurriendo con el presidente valenciano, Francisco Camps, y el senador y administrador del Partido, Luis Bárcenas. Quizás acabe resplandeciendo su inocencia -difícil a juzgar por las pruebas que aduce la acusación- pero el riesgo de que no sea así es enorme. Para el propio Rajoy, quien ha ido muy lejos en su desvirtuación de la Justicia.
No es lógico ni edificante que unos servidores públicos, cuya imagen destella tantas dudas, se aferren al poder como lo está haciendo Camps y que en su obstinación comprometan el normal funcionamiento de unas instituciones, como la Generalitat Valenciana. Y lo peor de todo, que en el empeño por autodefenderse, que se esté intentando coaccionar a la Justicia, que puede estar equivocándose, pero que no está haciendo otra cosa que cumplir con su obligación de investigar el posible delito y llegado el caso, castigarlo, pero nunca actuando a la carta. Sea quien sea el delincuente y el apoyo popular y mediático que concite.
