El pacto sobre el nuevo modelo de financiación autonómica se abre paso entre quejas resignadas de presidentes de comunidades pobres y la realidad de un consenso de territorios ricos (Cataluña, Comunidad Autónoma de Madrid, Comunidad de Valencia, Islas Baleares y Murcia) o muy poblados (Andalucía) con el Gobierno central. Rechazar frontalmente la oferta del Gobierno, con todas las consecuencias, significa recibir menos recursos del Estado, porque el nuevo modelo conlleva más dinero para todos, aunque las diferencias entre territorios se agranden.

Antes de seguir con el análisis conviene hacer una precisión. Revisar el modelo de financiación responde a una premisa racional: el fuerte incremento de población habido en algunas regiones. El actual modelo se estableció con los datos del año 1999 y para el nuevo modelo se tomó como base las cifras del año 2006. Entre ambas fechas el incremento del censo nacional fue de cuatro millones de habitantes, mientras que en Asturias la población disminuyó en unos miles.

Es lógico que Madrid, con un incremento del 18,2% de habitantes, o Cataluña, con un crecimiento del 16,2%, reciban proporcionalmente mucho más que Asturias. Hasta aquí, la forma de rehacer las cuentas de la financiación es sensata y ecuánime.

El problema es que el nuevo modelo no se nutre sólo con la variable del cambio de población, sino de otros ingredientes. La negociación para cambiar el modelo correspondió a una demanda de Cataluña, que no puso sobre el tapete el incremento de población, sino la fatiga fiscal que suponía para los catalanes pagar impuestos que en una proporción importante servían para financiar a otras regiones. La Generalitat arguyó que la recaudación fiscal en Cataluña estaba un 24%, per cápita, por encima de la media española y que después de aportar recursos al sistema de financiación autonómica quedaba un 8% por debajo. A partir de aquí estableció unos nuevos principios de financiación que quedaron plasmados en el 'Estatut' y recibieron el visto bueno de las Cortes Generales. Las peticiones catalanas ya tienen una base legal, que es la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ahora, con algunas concesiones, aspiran a plasmar en la futura Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Una de los cambios cualitativos del sistema es la limitación de la solidaridad entre territorios a garantizar un nivel mínimo en las prestaciones de los servicios en sanidad, educación y servicios sociales. La llamada, 'nivelación parcial'. Justicia, medio ambiente, universidad, empleo, vivienda, quedan fuera de esa exigencia. Esta pretensión la habría podido desbaratar el PP, en el caso de que Mariano Rajoy se hubiera implicado en la batalla. Una vez que se vio claro cual era la estrategia de Zapatero -interlocución preferente con la Generalitat para plasmar lo recogido en el 'Estatut'-, el líder del PP podía haberse opuesto a esa maniobra. No lo hizo porque los acuerdos con Cataluña favorecían -y mucho- a Madrid, Valencia y Murcia, aunque perjudicaban a Galicia, Castilla y León y La Rioja. Atrapado en esa contradicción, Rajoy se lavó las manos, y descalificó de forma genérica las propuestas de Zapatero. La nivelación parcial quedó sin enmendar. La estrategia de Rajoy pasa porque las comunidades del PP rechacen el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para recoger luego el dinero a través de las comisiones de transferencias.

Los privilegios

La peor del acuerdo en ciernes no es la nivelación parcial de los servicios porque el Gobierno creó otro fondo de solidaridad en el nuevo modelo, nutrido con dinero del Estado, para que las comunidades que no puedan pagar los servicios no esenciales (vivienda, empleo, universidad, etc.) obtengan financiación. Lo peor es que Cataluña, por la vía de la negociación, aunque no venga recogido en los principios del nuevo modelo, se asegura una financiación per cápita varios puntos (¿cinco?) por encima de la media española: su ansiado objetivo, 'la ordinalidad', un principio mal redactado en el 'Estatut', que implica no ser superada en financiación por otras regiones tras aportar dinero a los fondos de solidaridad.

Las compensaciones del Gobierno a las regiones pobres son vividas como una ofensa por la Generalitat y exige un trozo de tarta mayor en el reparto de los casi 11.000 millones de euros adicionales que hay sobre la mesa. El Gobierno le ha concedido 3.500 millones a Cataluña, de los recursos adicionales, que incluyen dinero para su Policía Autonómica, una competencia que no tienen otras regiones y no entraba en el reparto, como bien ha denunciado, ayer, el presidente Areces. De forma opaca se ha creado una nueva excepción territorial: el fuero catalán.

El Principado puede arañar algo más de dinero para redondear un incremento de recursos que andará entre los 150 y 200 millones. Un dinero de más, que no resta un ápice de inquietud por haber apuntalado un modelo que limita la solidaridad de los ricos con los pobres, y que se basa en la cesión masiva de la recaudación fiscal a las comunidades autónomas, sin velar por la suficiencia financiera del Estado. Un Estado debilitado que tiene más deberes que nunca: salvar cajas de ahorro, dar subsidio a cuatro millones de parados, subvencionar la compra de coches, hacer 150.000 viviendas de protección oficial, construir líneas de AVE, financiar planes municipales de empleo, y revalorizar las pensiones.