«¿Meses? ¡No! Hablamos de años. O quizás nunca logremos desenmarañar toda la trama». Cinco meses después de que la detención del jefe del 'caso Gürtel', Francisco Correa, sacara a la luz pública la red de corrupción que salpica al PP, los expertos antiblanqueo de la Policía Judicial reconocen sin ambages que la investigación «está muy lejos de terminar» y que cada día aparece un flanco nuevo donde «rascar».
En realidad, admiten los mandos de la investigación, sólo la vertiente valenciana de este caso, el pago con supuestos trajes al presidente Francisco Camps y sus colaboradores, está «básicamente concluida»: «Una ínfima parte de todo lo que tenemos sobre la mesa».
Terminada esa parte de la investigación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) mantiene abiertas más de una decena de investigaciones independientes y paralelas, que se activan y reactivan dependiendo de los agentes disponibles y de los datos que van aportando periódicamente diferentes instituciones y entidades, sobre todo, la Agencia Tributaria. Unas cifras que, casi cada semana, apuntan a nuevos sospechosos y engrosan la ya abultada lista de acusados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El mayor desafío de los especialistas anticorrupción es cuantificar («que nunca recuperar en su totalidad») el dinero que Correa y los suyos sacaron de España a través de sus «estructuras fiduciarias opacas». La Policía, a mes de junio, ya había documentado el envío de capitales hacia o desde ocho paraísos fiscales: Antillas Holandesas, las Islas del Canal, la Isla de Nieves, Isla de Man, Panamá, Mónaco, Islas Vírgenes y Suiza. E inversiones millonarias en China, Azerbayán, Miami, Colombia o Senegal.
Paraísos fiscales
Hace tres meses, los especialistas calculaban en más de diez millones de euros los capitales esfumados en el extranjero. Hoy, sin embargo, no se atreven a cuantificar el dinero ocultado al fisco español pero vaticinan que esa cifra se ha multiplicado «varias veces». Sólo en el país helvético, los expertos han localizado en junio 21 millones de euros a nombre de Correa y su lugarteniente, Pablo Crespo, gracias a la ayuda del gestor financiero Arturo Gianfranco Fasana, que, tras su detención el pasado mayo, se avino a colaborar con los agentes. Ese dinero en Suiza quizá pueda ser el único que se recupere. España ya prepara una comisión rogatoria para intentarlo.
Del resto de transacciones en los otros paraísos hay anotaciones en los libros de contabilidad de la trama corrupta, movimientos bancarios anotados en Suiza y algún documento oficial, pero poco más. Los responsables de la UDEF saben que tener la colaboración de las autoridades bancarias de esos países será misión imposible.
Esos mismos libros siguen siendo escudriñados cinco meses después. Todavía hay iniciales y pagos a posibles sobornados y partidas cuyo destino no se ha acreditado. En los últimos días, los funcionarios trabajan para aclarar las cantidades que los libros de Correa aseguran que se entregaron al PP en diferentes conceptos. Ése es el caso de los 420.700 euros que los documentos del piso de la calle Serrano señalan que fueron entregados a la formación conservadora en Valencia en diciembre de 2002. Otro apunte todavía no resuelto es el del envío de 15.000 euros desde Orange Market a los populares en Valencia en 2005. O el supuesto pago en B de 150.000 euros de la organización del X Congreso Regional del PP en 2002. «La UDEF no ha dejado de investigar en Valencia», aclaran los mandos de la investigación, que matizan que sólo se ha cerrado la investigación en esa comunidad referida a las dádivas al presidente y a sus tres colaboradores imputados.
Incógnitas
Hay también incógnitas sobre los nombres que Correa anotó junto a los documentos sobre la adjudicación por parte de la Junta de Castilla y León de una variante de la carretera de Olleros de Alba a Teconsa, una de las empresas del entramado corrupto. Antiblanqueo revisa otros contratos de ese gobierno autonómico. También siguen bajo la lupa adjudicaciones de las autonomías madrileña y valenciana. En realidad, examinan, desde los más recientes a los más antiguos, cada uno de los contratos conseguidos por las 23 empresas de la red Correa.
También son estudiadas desde hace semanas las decenas de adjudicaciones conseguidas por estas firmas de la Federación Española de Municipios y Provincias, de varias diputaciones y un puñado de municipios. «Un trabajo ímprobo. Correa se dedicaba lo mismo a la construcción que a montar viajes que a preparar eventos», relata uno de los funcionarios que dedica su completa jornada laboral a repasar cuentas. «De cada contrato surgen cuatro nombres de media. Cuatro nuevas líneas de investigación. Cuatro individuos sobre los que hay que indagar. Cruzar datos con otras concesiones. Tratar de atar cabos. Pedir información a la Agencia Tributaria. y quizás para nada o quizás para tener a otro nombre más en la lista de imputados», apostillan los técnicos.