S E venían oyendo voces últimamente, alguna desde muy alto, que clamaban por un pacto de Estado en materia educativa. El señor Gabilondo, el actual ministro responsable de la materia, ha recogido con elegancia el guante y ha anunciado que, en próximas fechas, se reuniría con la representación del Partido Popular en el convencimiento de que tal acuerdo -histórico- es tan posible como deseable.

Hora era en un país que no ha salido bien parado ni en el informe de la OCDE 'Education at a glance 2005' ni en otros muchos indicadores y estudios comparativos. Máxime cuando la educación, ante una sociedad cambiante y penetrada por culturas foráneas, presenta problemas emergentes a los que sólo puede dar respuesta una concepción educativa sólida y compartida por la mayoría de los ciudadanos, lo que significa, evidentemente, sin excluir a nadie, el acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en las Cortes Generales. Pero lejos de lamentar que, en poco más de un cuarto de siglo, cada partido gobernante haya aprobado contra el otro sus leyes educativas, tal parece que lo importante es que el responsable ministerial de turno diga haber cumplido con el programa electoral llevando al BOE una ley educativa, aunque sea contra viento y marea.

Recordemos, telegráficamente, el rosario legislativo en menos de treinta años. Hasta 1980 permaneció plenamente vigente la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación. Ese año, la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, reguló el Estatuto de Centros Escolares, viéndose afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981 y siendo posteriormente derogada por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, sobre la que se pronunció, en recurso previo de inconstitucionalidad la STC 77/1985, de 27 de junio. Esta última Ley Orgánica fue modificada por la registrada como 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que, además, derogó las Leyes Orgánicas 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes y 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. La Formación Profesional se regula por Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio y ya no hablemos de la Universidad que merece capítulo aparte aunque nada diferente del desvarío normativo sobre las enseñanzas previas.

¿No parece una locura toda esa procesión de preceptos en un tercio de la vida previsible de una persona? Salvo a algún leguleyo que disfrute con los cambios del Boletín y a los sectarios de turno, que sólo piensan en echar abajo lo que hizo el oponente, no debiera ser tarea imposible ponerse de acuerdo sobre ciclos, plazos, contenidos, competencias y evaluaciones. Pero las tres últimas décadas se empecinan, tercamente, en demostrarnos lo contrario.

Porque a todo ello debe unirse una pléyade de disposiciones territoriales, ya que, en sus estatutos, las comunidades autónomas disponen de competencias «de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades», sin perjuicio de la alta inspección estatal y de que «para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse, la comunidad autónoma facilitará a la Administración del Estado la información que ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborará con la Administración del Estado en las actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema educativo nacional». Esto no lo dice un Estatuto sospechoso de inconstitucionalidad. Lo dice el de Asturias en su artículo 18.

Porque, en efecto, la educación es un tema al que suelen vincularse, para colmo, cuestiones identitarias, como la lengua común y las cooficiales en su función vehicular o el equilibrio entre la potenciación de los conocimientos locales y los que se refieren al conjunto de España. El malhadado asunto de la guerra declarada a la tercera -¡tercera sólo!- hora de castellano en Cataluña es un buen exponente, por no entrar a examinar algunos libros de texto y algunas imposiciones que, desde ejecutivos autonómicos, se hacen a las editoriales que los ponen en el mercado. Porque las ideologías, camufladas con recursos educativos, conviene inculcarlas a edades tempranas. Aún no siendo, a buen seguro, contrario al reparto constitucional de competencias, no es baladí la precisión que realiza el Estatuto catalán de 2006 sobre la competencia exclusiva de la Generalidad en «la determinación de los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil y la regulación de los centros en los que se imparta dicho ciclo, así como la definición de las plantillas del profesorado y las titulaciones y especializaciones del personal restante». Quienes hacen de un ideario el centro de su vida y pretenden que lo sea también para los demás, tienen claro que hay que comenzar desde la cuna.

El Estado tiene mecanismos constitucionales para evitar excesos nacionalistas, simplemente localistas o de cualquier otro tipo en materia educativa; otra cosa es que ningún Gobierno en tantos años haya enseñado dónde está el pedal del freno ni cómo se gira un volante. El número de grados dependerá de cada situación.

En todo caso, aún en el temor de que este último asunto no se logre reconducir adecuadamente, saludo con enorme satisfacción la voluntad de Gobierno y oposición de sentarse a acercar posturas para que colegios e institutos, docentes y alumnos, no tengan que ver cada lustro que todo se pone patas arriba. La historia de los cambios educativos fue desoladora en España desde el siglo XIX. Las pugnas partidistas contribuyeron, sin duda, a que el despegue formativo e intelectual del pueblo se demorara. Ahora, ya embocando casi la segunda década del XXI, tenemos la ocasión de acabar con ese maleficio de las aulas. No creo que, a estas alturas, sea tanto lo que nos separa a los unos de los otros y, sobre todo, estoy convencido de que existen fórmulas armónicas para conciliar las legítimas divergencias.

Quien no vea que antes que abordar otros proyectos, por beneficiosos, igualitarios o novedosos que puedan ser, deben asentarse, para muchos años, los pilares educativos del Estado, me temo que edifica en falso. De momento, sólo hemos oído palabras de acercamiento, aunque, tras tanto tiempo de confrontación, suenan a música celestial.