Raúl Minordo ha decidido defenderse cerca de un año después de haber presentado su dimisión. El que fuera concejal de Turismo, Festejos, Tráfico, Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Ayuntamiento de Ribadesella se vio forzado a dimitir tras una serie de acusaciones sobre la presunta ilegalidad de parte de su establecimiento hotelero, aderezadas por un presunto caso de acoso laboral. Dos circunstancias, quiere dejar claro ahora el ex edil socialista, «de las que no se ha desprendido ninguna responsabilidad por mi parte». En su opinión, toda la campaña de acoso y derribo se fundamentó «en un informe del arquitecto municipal lleno de contradicciones e irregularidades». Un informe que, asegura, «no tiene registro de entrada en el Ayuntamiento, por lo que en la práctica no existe y ni siquiera puedo alegar contra él».

Aún así, Minordo presentó un escrito en el Ayuntamiento el pasado uno de octubre de 2009 en el que se defiende de las acusaciones con una serie de pruebas y testimonios que «demuestran que yo tengo todas las licencias, que yo no cometí ninguna prevaricación ni obtuve ningún beneficio político y que en ningún momento cometí ninguna infracción urbanística, tal y como recoge el dicho informe». Y es que además de no constar registro alguno en el informe, por lo que se entiende que es un informe interno «que no sé quién ha solicitado» Minordo denuncia que, «fue filtrado a la prensa desde dentro, sólo pudo haber salido del Ayuntamiento».

En dicho informe, el arquitecto mantiene que Minordo instaló «cocinas» en unas habitaciones de su propiedad, transformándolas en apartamentos. Una actuación que, mantiene, se realizó sin licencia municipal y con posterioridad a la apertura del establecimiento, que se produjo en junio del año 2002. Las obras constituyen -según el arquitecto municipal recoge en su informe del 20 de marzo de 2009- una «infracción urbanística», a la vez que recoge que «no consta que estos apartamentos cuenten con autorización de la Consejería de Cultura y Turismo». Y también se menciona que «el inicio de la actividad» que consta como fecha de alta en el IAE es del año 2000, «casi dos años anterior a la fecha en la que se otorga la licencia de apertura». Unas acusaciones que, tras hacerse públicas y pasar por manos del alcalde y de la propia FSA, acabaron obligando a Minordo a presentar su dimisión «para no dañar la imagen de mi partido, pero siendo consciente de que yo no había cometido ninguna irregularidad», mantiene.

Tras pedir explicaciones por escrito en el Ayuntamiento y no haber obtenido aún respuesta, Minordo ha decidido hacer públicos todos los informes, facturas y testimonios que ha venido recopilando a lo largo del último año para «defenderme de cualquier demanda o expediente que se me pudiese haber abierto». Una circunstancia que, tras pasar el tiempo, no se ha producido. «No me consta denuncia alguna ni expediente abierto contra mí en el Ayuntamiento», explica. Por eso, ha decidido sacarlos a la luz y así, lavar su imagen.

En dichos documentos, a los que ha tenido acceso EL COMERCIO, trata de dejar claro que en las habitaciones nunca se colocaron cocinas, tal y como consta en el informe del arquitecto. Y mucho menos que se haya hecho con posterioridad a la apertura del negocio. Para ello, aporta la declaración ante notario de un Guardia Civil, en la que mantiene que las habitaciones tenían ya en 2001 la misma distribución que en la actualidad. Y también aporta la factura -del año 2000- de los frigoríficos que fueron instalados. «No hay cocinas, tan sólo se colocaron unos muebles y unos pequeños frigoríficos que no han precisado más labores que su montaje», explica Minordo. Y lo justifica en base a que, según la ley, para ser denominadas cocinas -y por lo tanto que las habitaciones pasasen a ser apartamentos- estas instalaciones deberían contar con «algún tipo de encimera, horno convencional o aparato asimilable que permita la elaboración de alimentos; un sistema de renovación del aire, y un sistema de evacuación de gases de combustible».

Además, Minordo recuerda que ya estaban instalados en el momento de obtener la licencia, pero que en aquella ocasión el arquitecto municipal no puso «ningún menoscabo u óbice al momento de girar la oportuna visita de inspección previa a la concesión de las licencias», que datan de 2002. Y es más, porque recuerda Minordo que, de todas formas, «cualquier infracción urbanística habría prescrito ya, porque las muy graves prescriben a los cuatro años», de tal manera que «con independencia de la calificación de la infracción -que no recoge el informe del arquitecto- aquella ha de estimarse prescrita, de lo cual deviene la imposibilidad de imponer sanción alguna».

También aporta Minordo informes de la Consejería de Turismo -fechados en junio de 2009- en la que se reconoce que sobre su establecimiento «no hay constancia de procedimientos sancionadores (...), ni en la fecha actual ni en el pasado, por incumplimiento de la normativa turística». Y recuerda que en su página web -al contrario de lo que denunciaba el PP- sólo se ofertaban 21 plazas, distribuidas en diez habitaciones dobles y una individual, y no 44 plazas como se refleja en el informe del arquitecto.

En cuanto al alta en el IAE, mantiene Minordo que se dio de alta «antes de iniciar las obras para poder deducir los gastos a la hora de montar el negocio», y aporta informes de la Consejería de Industria en los que dos inspectores -en diciembre de 2001 y abril de 2002- certifican que el establecimiento está cerrado al público. En definitiva, que Minordo aporta pruebas que cree «desbaratan las acusaciones del informe municipal».