Oviedo
Bocanegra presenta un recurso para solicitar la suspensión cautelar del acuerdo
Dos letrados y catedráticos de Derecho Administrativo en las universidades de Madrid y Oviedo, Santiago Muñoz Machado y Raúl Bocanegra, defenderá al Gobierno local y al PSOE en el caso de la expropiación de Villa Magdalena. Al primero, la portavoz socialista, Paloma Sainz, le acusó ayer en el Pleno municipal de ser «un abogado vinculado en asuntos de corrupción», mientras el PP defendió su trayectoria profesional. Se encargará de intentar que el convenio siga adelante. El segundo, de paralizarlo.
Bocanegra dio ayer un primer paso. Presentó un recurso ante el Juzgado de Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo para pedir la suspensión cautelar del acuerdo en nombre de los concejales que «actúan en defensa de la legalidad y no como titulares de intereses patrimoniales»..
¿En qué se basa? Aunque la sentencia fuera favorable al final del proceso judicial, una vez entregado el suelo en propiedad a Comamsa y construidos los tres aparcamientos de Toreno, Uría y La Escandalera y el solar de Teatinos, sería de muy difícil reparación o conllevaría al abono de cuantiosas indemnizaciones, con destino a las empresas encargadas de la obra o a vecinos de las viviendas cercanas al centro comercial Los Prados, sostiene el letrado.
Este es uno de los argumentos expuestos en el documento. Hay más. Bocanegra considera que la suspensión cautelar retrasaría el cobro en especie por parte de la empresa, pero que hay que tener en cuenta que podría haber esperado más. Eso, si las partes hubieran esperado a una resolución en firme sobre el justiprecio de la retasación, que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) podría haber denegado.
«No existe demanda»
Para Bocanegra, no hay tanta prisa, y menos aún, interés público que justifique la ejecución. «No existe demanda alguna de un gran aparcamiento situado bajo Uría, Toreno y la plaza de la Escandalera. Por no hablar de los numerosos aparcamientos construidos de Cinturón Verde». Como mucho, la resolución del Contencioso-Administrativo se demorará dos años.
El recurso coincide con otra de las quejas de los grupos políticos, que la operación no es un acuerdo, sino un convenio urbanístico que no califican como tal para evitar someterlo a información pública. Además, «viola el Derecho comunitario de contratación pública» desde el momento en que el Ayuntamiento adjudica de forma directa a Comamsa una obra pública por dos razones: el Consistorio tiene interés económico directo y la operación está vinculada al soterramiento del tráfico.
