Oviedo
Considera que pedir un nuevo justiprecio por Villa Magdalena sería la mejor solución para el Ayuntamiento
Villa Magdalena. :: J. D.
Tras la anulación del convenio entre Comamsa y el Ayuntamiento para poner fin a la expropiación de Villa Magdalena, hay dos posturas divididas y decenas de interpretaciones jurídicas. Las posiciones dejan, de un lado, a PP y PSOE, y de otro, a Foro Asturias e IU.
Los primeros votaron en el Pleno a favor de designar un negociador para llegar a un acuerdo con la empresa de Miguel Ángel Menéndez del Fueyo y evitar un posible pago en metálico. Los segundos defienden pelear en los tribunales, para poner en duda el derecho del empresario a recibir más de los 11,8 millones de euros que ya cobró, junto con otros cuatro de intereses de demora, en 2008.
«Es una opción más arriesgada», reconoce el portavoz de IU, Roberto Sánchez Ramos, «pero las últimas sentencias muestran que hay mucha resistencia a elevar los justiprecios» en el contexto actual. El Grupo Municipal de IU difundió ayer algunas consideraciones de los letrados que les asesoran, el despacho de Gerardo de la Iglesia, sobre la situación en la que ha quedado el trámite expropiatorio tras la sentencia y cuál debería, a su juicio, ser la ruta que tomase el Ayuntamiento.
Sostiene que la amenazadora hoja de aprecio presentada por Comamsa al pedir la retasación en 2007, 63 millones de euros, ha caducado y que la empresa debería presentar una nueva o el Ayuntamiento instarla a ello. La nueva valoración «deberá basarse en los valores actuales» y advierte de que el Banco de España considera prudente una depreciación del suelo del 50% en los últimos tres años. También, que los criterios para calcular el nuevo valor serían los de la Ley del Suelo de 2008 y no la que ha regido la expropiación desde su inicio, de 1998. Ambos factores dejarían una tasación que no «debe superar los 16 millones de euros».
Sin intereses
IU sostiene además que acudir a la retasación no generaría nuevos intereses de demora, porque «la reciente jurisprudencia» establece que éstos sólo computan desde que el Jurado de Expropiación fija el justiprecio. Por todo ello, la coalición entiende que no hay motivo alguno para negociar nada con Comamsa. Si el precio final fijado superase lo que ya pagó el Ayuntamiento, «ninguna duda cabe de la responsabilidad personal» de Jaime Reinares y el alcalde por no haber consignado el dinero en 1998, pese a aprobarlo. «Hay muchos nervios en el Ayuntamiento», afirma Sánchez Ramos, «a algunos les preocupa esto más que lo que valga el palacete».
