Asturias
En 2011 se destinó hasta el 0,3% de la masa salarial a esos planes, pero en 2012 no habrá ninguna partida para financiar ese gasto
Algunos de los participantes en las jornadas sobre bilingüismo clausuradas ayer por el viceconsejero de Educación. :: JESÚS DÍAZ
La herramienta de interacción entre la Administración y los docentes asturianos (la web Educastur) anunció ayer al profesorado que, «en aplicación de las previsiones contenidas en el apartado tercero del artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, durante el año 2012, la Administración del Principado no realizará aportaciones al Plan de Pensiones de Empleo en vigor para el personal de esta Administración».
Se trata de un nuevo revés para los empleados públicos y, en concreto, para los docentes -criticó ayer Gumersindo Rodríguez, al frente del sindicato independiente ANPE-Asturias-, que verán incrementarse también el IRPF. «Un palo siempre a los mismos», dijo.
Lo que está por ver ahora es «qué pasa con las aportaciones individuales de los funcionarios a los planes de pensiones, una cuestión que se dilucidará el próximo día 26 en una reunión con la Administración», matizó el sindicato. Porque, aunque fueron los docentes los encargados de dar la voz de alarma, la medida es extensible a la totalidad de empleados públicos del Principado. Es decir: a los alrededor de 35.000 trabajadores de organismos y entes de titularidad autonómica como el IDEPA o la Sindicatura de Cuentas.
La medida supone una vuelta de tuerca más al capítulo de gastos de personal de la Administración. Tras el recorte medio del 5% de los sueldos aprobado en mayo de 2010, la retribución de los funcionarios quedó congelada en 2011, pero pese a ello se permitió destinar hasta un 0,3% de la masa salarial -frente al 0,6% de ejercicios anteriores- a la financiación de aportaciones a planes de pensiones de empleo o similares.
Ahora, esa partida desaparece y además lo hace para todas las administraciones, organismos y empresas públicas. Y, según explicó el secretario de acción Sindical de CSIF-Asturias, Juan Gavira, se trata en la práctica de un recorte en la retribución total de los funcionarios.
Esta supresión de aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios -cuyo impacto todavía no se ha cuantificado- se suma a la congelación del salario en 2012 y a la ampliación, de 35 horas a 37,5 horas, de la jornada de los trabajadores públicos.
Gavira recuerda que los planes de pensiones son de suscripción voluntaria, pero calcula que más del 75% de los empleados públicos del Principado hacen aportaciones a ellos. Aportaciones que oscilan entre un mínimo de diez euros y un máximo indeterminado.
Falta por desvelar la incógnita, apunta ANPE (que habla de una merma de nueve euros y medio mensuales), de «qué repercusiones tendrá sobre las entidades bancarias la retirada en masa de todas esas contribuciones, si el empleado puede poner en suspenso su aportación sin renunciar al plan o no».
